“La situación de gran parte de los niños en el mundo dista mucho de ser satisfactoria, por la falta de condiciones que favorezcan su desarrollo integral, a pesar de la existencia de un específico instrumento jurídico internacional para tutelar los derechos del niño”

Doctrina Social de la Iglesia

                                                                                           
La Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica, manifiesta ante la opinión pública, su posición, frente a las declaraciones de algunos sector de la sociedad que manifiestan que el único medio para detener la violencia y tener mayor seguridad ciudadana es aumentando las penas a los menores de edad que cometen actos delictivos.
Reconocemos que es una realidad que la violencia en nuestro país, ha ido incrementándose dentro de los últimos años, lo cual genera un clima de inseguridad ciudadana en toda la población. Somos solidarios y nos sumamos al dolor y las frustraciones de las víctimas, sus familiares y toda la comunidad que exige correctivos y una justicia expedita, imparcial y equitativa .
En particular es preocupante cuando menores de edad participan en la comisión de hechos delictivos, y mas aún cuando son utilizados por personas pertenecientes al crimen organizado y del tráfico internacional de drogas para  evadir las sanciones establecidas en la legislación penal de adultos.

Comprendemos que la percepción ciudadana frente al tema de la administración de justicia  es que existe un alto grado de impunidad  y corrupción en todos lo niveles que crea desconfianza en las instituciones encargados de administrar justicia.

En virtud de las consideraciones expuestas indicamos:

1. El Estado a través de las entidades responsables de administrar justicia como son:   el  Órgano Judicial, el  Ministerio Publico y otros no han contribuido a que se asignen los recursos económicos, técnicos y humanos necesarios para la implementación  de manera efectiva  la Ley No. 40 de 1999 sobre Responsabilidad Penal Juvenil, y se logre el objetivo primordial establecido en la  Legislación nacional e internacional como es la rehabilitación y reinserción de los jóvenes a la sociedad.
2. La familia, los centros educativos, los medios de comunicación y la comunidad en general debemos reconocer el grado de responsabilidad de la situación y  formación de los jóvenes  en la actualidad.  De la misma manera,  asumir  con decisión y valentía el ser testimonio y agentes de cambios para fomentar una cultura de respeto, tolerancia y convivencia pacífica  en  nuestro país.
3. Es necesario el trabajo coordinado de las autoridades encargadas del proceso penal juvenil establecidos en la Ley 40 de 1999 (Tribunales penales, fiscalías especializadas, Policía Técnica Judicial, Defensores de Oficios, Jueces de Cumplimiento)  en la obtención de los elementos de prueba que permitan establecer el vínculo de un joven como autor de un hecho delictivo, y se le garantice   el debido proceso  como lo señalan las leyes.
4. Debido a que el Estado Panameño ha firmado y ratificado  disposiciones internacionales que, como lo son La Convención de los Derechos del Niño, Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia Juvenil (Reglas de Beijing) y las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito, estos deben ser respetados de lo contrario estaría expuesto a una demanda internacional en materia de derechos de la niñez.

Panamá, 1 de septiembre de 2006