Comunicado
La violencia doméstica
Constituye un atentado contra la dignidad humana

“El hombre y la mujer tienen la misma dignidad y son de igual valor, no sólo porque ambos en su diversidad, son imagen de Dios, sino más profundamente aún, porque el dinamismo de reciprocidad que anima el nosotros de la pareja humana es imagen de Dios.”
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia.

La Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica de Panamá, expresa su preocupación por el asesinato en los primeros tres meses en lo que va del año, de ocho mujeres en manos de sus esposos o cónyuges y el debate de grupos organizados de sociedad civil en torno a la selección de nuevo Defensor del pueblo y sus declaraciones sobre el tema de la violencia doméstica, que reflejan desconocimiento de los acuerdos y normas nacionales que regulan la materia.

Por lo antes expuesto y reconociendo la seriedad del problema, declaramos ante la opinión pública nuestra posición:

La violencia en cualquier forma ofende la dignidad de la persona humana, destruye la familia y es contrario al evangelio de la vida. Lamentablemente esta situación está presente en todos los sectores socioeconómicos, religiosos y étnicos. Se manifiesta de diferentes maneras, pero con el mismo resultado. La violencia doméstica cambia los vínculos naturales del amor por relaciones desnaturalizadas de los agresores hacia sus víctimas a quienes han prometido amar y apreciar.
La violencia doméstica por el hecho de ocurrir en la privacidad de los hogares, se encuentra a menudo envuelta en el silencio. Las personas ajenas a la familia vacilan en intervenir, aún cuando saben que está ocurriendo un abuso. El abuso de una persona, por un miembro de la familia ha sido considerado no sólo un asunto privado sino una prerrogativa del esposo. Lamentablemente, algunas autoridades y líderes argumentan que la intervención por parte de personas externas pone en peligro la santidad del hogar.
Sin embargo, el abuso, el ataque, o el asesinato son más graves por el hecho de ocurrir dentro de la familia y eso lo establecen las leyes en nuestro país. La violencia ya sea cometida en contra de miembros de la familia o extraños, es contrario al mensaje cristiano de amor y respeto a los derechos humanos.
Para finalizar, debemos señalar que el proceso de selección del Defensor es una tarea de competencia exclusiva de la Asamblea Nacional de Diputados y la injerencia de cualquier otro poder estaría viciando dicho proceso en detrimento de la Asamblea. La Iglesia es consciente de la separación de los poderes, por eso no podemos aceptar que se pretenda responsabilizar a la Iglesia de alguna injerencia en la designación del Defensor, ni mucho menos aceptar que ante las limitaciones personales de los laicos pretendamos ampararnos en nuestra práctica religiosa. Cada instancia de la sociedad tiene su campo propio y todos debemos coincidir desde nuestra especificidad a promover la vida.
Hacemos un llamado a la Asamblea Nacional de Diputados, órgano en que recae la responsabilidad primaria de la designación del Defensor del Pueblo, para que reevalué la selección de la persona sobre la que pesa una denuncia de maltrato familiar, situación esta que contraría el numeral 5 del artículo 130 de la Constitución que establece como requisito la solvencia moral y prestigio reconocido para asumir el cargo; contribuyendo con esto a restablecer la tranquilidad de la ciudadanía y la confianza en la institucionalidad, pues es inaceptable que por una parte el Ejecutivo implemente una política contra el Maltrato Familiar y por la otra el Órgano Legislativo, por defecto, no valore ese esfuerzo a la hora de escoger a la persona que tendrá, precisamente la responsabilidad de defender al pueblo contra los abusos.

Panamá, 30 de marzo de 2006