MONITOREO SOCIAL Y JURÍDICO A PRIVADAS DE LIBERTAD

MONITOREO SOCIAL Y JURÍDICO A PRIVADAS DE LIBERTAD
CENTRO FEMENINO DE REHABILITACIÓN

I. ANTECENDENTES………………………………………………………………….

II. JUSTIFICACIÓN DE LA ENCUESTA…………………………………………….

III. OBJETIVOS..................................................................................................

IV. METODOLOGÍA...........................................................................................

V. INSTRUMENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE
DERECHOS HUMANOS..................................................................................

VI. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS...........................................................

VII.. CONCLUSIONES …………………………………………………………………

VIII. RECOMENDACIONES GENERALES.................................... ........................

La Comisión de Justicia y Paz, es un equipo integrado principalmente por laicos, quienes, comprometidos de sus respectivos obispos, con autonomía propia y sentido de pertenencia a la Iglesia, brindan a ella y a la sociedad en general un servicio de análisis de la realidad, de denuncia de las violaciones de los derechos humanos y de educación para la paz y la participación ciudadana.
Desde el año 1994, se creó el departamento penitenciario con el objetivo de garantizar el respeto de los Derechos Humanos de los privados de libertad en los centros penales del País.

Entre los ejes de acción del departamento penitenciario de la Comisión de Justicia y Paz, están:

La Alianza Ciudadana Pro Justicia fue creada en el año 2000, y en sus inicios estuvo conformada por cinco organizaciones ciudadanas. Al día de hoy la Alianza Ciudadana Pro Justicia está conformada por un total de catorce organizaciones unidas en la tarea de hacer seguimiento y exigir la rendición de cuentas al sistema de administración de justicia.

Durante los años 2000 al 2002 la Alianza Ciudadana Pro Justicia se dedicó a organizar espacios de debate sobre las deficiencias del sistema de justicia en especial el relacionado con la escogencia de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el tema de la mora judicial y el excesivo número de presos sin condena, y paralelamente a hacer visibles las deficiencias del sistema de justicia en la persecución de los delitos de corrupción. A partir del año 2002 la Alianza Ciudadana Pro Justicia es reconocida por todos los sectores nacionales y el tema de la reforma judicial pasa a ser uno de los temas prioritarios de los medios de comunicación.

II. JUSTIFICACIÓN DE LA ENCUESTA
A consecuencia del aumento desproporcionado del hacinamiento, y la deficiencia de la salud penitenciaria en las cárceles, la Comisión de Justicia y Paz conjuntamente con la Alianza Ciudadana Pro Justicia han diseñado la realización de una encuesta, que acceda a la obtención de datos que puedan medirse y que permitan señalar los problemas existentes.

La población penal al mes de agosto es de 11,698 presos en todas las cárceles del país de los cuales 4,642 están cumpliendo una pena y 6,957 son presos sin condena.

Frente a este panorama es importante tener cuenta que en la actualidad, el sistema carcelario panameño tiene capacidad física para atender a unos 7,237 privados de libertad por lo que existe un exceso de población penitenciaria de casi 4,412 ó (61%) de presos que viven en condiciones infrahumanas, expuestos a enfermedades físicas y mentales, así como a los tratos crueles inhumanos y degradantes que impone el sistema.

A través de las denuncias realizadas en los diferentes medios de comunicación social, así como a la Comisión de Justicia y Paz, a la Alianza Ciudadana Pro Justicia y de los monitoreos en los centros penales se puede desprender que los dos grandes problemas que persisten en el sistema carcelario, se encuentran en el proceso penal y en la privación de libertad como medida utilizada para retener a un posible infractor de las normas.

Valoramos la importancia de realizar esta investigación para obtener datos que nos asistan en el proceso de retroalimentación y así compartir esta información con las autoridades Judiciales y del Sistema Penitenciario, con el objeto de diseñar políticas que resuelvan de raíz los problemas existentes en nuestras cárceles.

El Centro Femenino de Rehabilitación, fue elegido para la realización de este estudio, por ser el centro penal de menor población (555 internas) lo cual facilitaría la obtención de información y a la vez permitiría conocer tanto los aspectos sociales, y las causas por las cuales están recluidas en el centro penal.
III. De conformidad con lo expuesto, el trabajo pretende alcanzar los siguientes objetivos:

1. Objetivo General: Determinar la condición socio jurídico actual de las mujeres privadas de libertad en el Centro Femenino de Rehabilitación de Panamá.

IV. METODOLOGÍA

Para realizar la investigación, se gestionaron los permisos pertinentes en la Dirección General del Sistema Penitenciario para el día lunes 3 de julio, 2006 , de forma que se le permitiera a la Comisión de Justicia y Paz y a la Alianza Ciudadana Pro Justicia aplicar el instrumento de encuesta a las internas del Centro Femenino de Rehabilitación en la Ciudad de Panamá.
El horario escogido para la aplicación de la encuesta fue de 8:00 a.m hasta las 1:00 p.m.

Población y muestra:
La población del estudio estuvo constituida por 132 internas del Centro Femenino de Rehabilitación entre condenadas y procesadas de los diferentes hogares, lo cual equivale al 30% de la población recluida en dicho centro.

Instrumentos:

Para el logro de los objetivos del estudio se aplicaron las encuestas en los aspectos sociales y jurídicos dirigidos a las internas, tanto de forma personal como individual.

Las encuestas fueron aplicadas por 17 estudiantes del Seminario Mayor San José, quienes fueron a supervisados por la Comisión de Justicia y Paz y la Alianza Ciudadana Pro Justicia.

La instrumento de encuesta consta de 40 preguntas cerradas para identificar aspectos como; edad, el grado de escolaridad, estado civil, ambiente familiar y laboral en caso de que hubiese estado trabajando, además de preguntas sobre el aspecto de la atención de salud en el centro penal.

En segundo término, el otro aspecto de la encuesta contiene preguntas de tipo procesal, las que pretenden indagar sobre el estado procesal de la encuestada.

Previo a dar inicio a la encuesta, se les explicó a los jóvenes estudiantes sobre las reglas del centro penal y del comportamiento que debe darse en todo momento mientras se realiza la encuesta.

Luego de reunida la información a través de las encuestas, éstas serán analizadas y se procederá a elaborar el informe final con los resultados obtenidos producto de la investigación y recomendaciones realizadas por la Comisión de Justicia y Paz y la Alianza Ciudadana Pro Justicia, a las autoridades que están directamente responsables de Centro tales como: Ministerio de Gobierno y Justicia, al Sistema Penitenciario, Órgano Judicial e Instituto de Defensoría de Oficio, Ministerio Público.

LEGISLACIÓN NACIONAL

La Constitución Nacional establece en su artículo 28 “que el Sistema Penitenciario se funda en principios de seguridad, rehabilitación y defensa social. Se prohíbe la aplicación de medidas que lesionen la integridad física, mental o moral de los detenidos.
Se establecerá la capacitación de los detenidos en oficios que les permita reincorporarse útilmente a la sociedad”…….

Ley No. 55 de 30 de julio de 2003 es un instrumento penitenciario que consagra los derechos y deberes de los internos, las faltas y sanciones disciplinarias. Igualmente establece un sistema progresivo técnico, de separación de los privados de libertad por categorías dependiendo del delito y la condición del sujeto, es decir, si es la primera vez que comete hechos delictivos o si es reincidente, además establece los requisitos para la obtención de los permisos laborales, de estudio, y demás programas de rehabilitación y resocialización.

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS. Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III) de 10 de diciembre de 1948.

La Declaración en su artículo 2do. establece que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. Adoptado por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI) de 16 de diciembre de 1966, entrado en vigor el 3 de enero de 1976.

El Pacto en su artículo 3ro. establece que los Estados Partes se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el mismo.

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. Adoptado por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI) de 16 de diciembre de 1966, entrado en vigor el 23 de marzo de 1976.

En el artículo 3ero. el Pacto establece que los Estados Partes se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en él.

El Pacto en su artículo 10 establece que toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

En relación a la clasificación el Pacto dice que los procesados serán separados de los condenados, y serán sometidos a un tratamiento distinto y que los menores estarán separados de los adultos.

Por último establece que el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados.

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, entrada en vigor el 18 de julio de 1978.

La Convención en su artículo 5to. consagra el derecho a la integridad personal, estableciendo que toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

En el numeral 3ro. establece que la pena no puede trascender de la persona del delincuente, en el numeral 4to. se establece que procesados y condenados deberán estar separados, y por último, en el numeral final se consagra que la pena privativa de libertad tendrá como finalidad la reforma y la readaptación social de los condenados.

El artículo 19 establece que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

Finalmente, el artículo 24 indica que todas las personas son iguales ante la ley, por lo que sin discriminación alguna tienen derecho a igual protección de la ley.

REGLAS MINIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS.
Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.
El objeto de las Reglas Mínimas no es describir en forma detallada un sistema penitenciario modelo, sino establecer, inspirándose en conceptos generalmente admitidos en nuestro tiempo, los principios y las reglas de una buena organización penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento de los reclusos. Las mismas son conocidas internacionalmente como la guía de la buena práctica penitenciaria.
Las Reglas Mínimas abordan lo relativo a la administración general de los establecimientos penitenciarios, aplicables a todas las categorías de personas reclusas, a saber: penales o civiles; en prisión preventiva o condenadas; y aquellas personas objeto de una medida de seguridad o de reeducación ordenada por la autoridad judicial.
Otro de los aspectos que estas Reglas Mínimas prevén, son aquellos aplicables a las categorías especiales de personas reclusas a que se refiere cada sección, como ser: condenadas, alienadas o enfermas mentales, personas detenidas o en prisión preventiva, sentenciadas por deudas o a prisión civil, y personas detenidas o encarceladas sin haber cargos en su contra.
Como principio fundamental y general se establece que las Reglas Mínimas deben ser imparciales respetando además, las creencias religiosas y los preceptos morales de los reclusos, que deben ser interpretadas como estándares mínimos recomendados a los Estados, y que no excluyen experiencias y prácticas siempre que éstas se ajusten a los principios y propósitos que se desprenden del texto de las reglas.
Las RM establecen que el fin de la privación de libertad debería ser la reinserción social de la persona que ha delinquido y que ésta sea capaz de motivarse en la norma a efectos de no volver a reincidir. El sistema penitenciario deberá reducir las diferencias que puedan existir entre la vida en prisión y la vida libre y promover un retorno progresivo a la vida en sociedad. Para ello es necesaria la individualización del tratamiento y un sistema flexible de clasificación en grupos de las personas reclusas.
Así mismo contienen disposiciones que regulan los siguientes puntos: separación y clasificación de personas reclusas, locales destinados a las mismas, instalaciones sanitarias, higiene personal, servicios médicos, alimentación, régimen disciplinario, personal penitenciario, programas educativos y régimen de trabajo, ayuda post penitenciaria, etc.

De la muestra aplicada a 132 privadas de libertad se pudo determinar que la mayor cantidad de privadas de libertad oscila en la edad de 25-35 de edad (35%), seguida de la comprendida entre los 18-25 años de edad (23%), lo cual nos lleva a concluir que la mayoría de la población de las privadas de libertad (58%) es básicamente joven.

Sin embargo apreciamos también que las mujeres maduras del grupo de 35-45 años de edad (16%) y 45-55 años (17%), así como las mujeres de la tercera edad, 55 años o más (9%), también están representadas por un porcentaje significativo.

De esta gráfica podemos concluir que si bien el estado civil no parece incidir en la comisión de los delitos ya que hay una mayoría de solteras en esta muestra (42%), también no es menos cierto que las mujeres casadas o unidas representan la mitad de la muestra (50%). Sin embargo, la mayoría de las mujeres privadas de libertad de la muestra son jóvenes (de 18-35 años) son solteras.

GRÁFICA No. 3
TIENEN HIJOS LAS INTERNAS

Es preocupante el hecho de que la mayoría de las internas tengan hijos, tomando en cuenta que representan un 83% de la población muestra. Si al analizar esta gráfica la comparamos con la gráfica N° 2, podríamos concluir que posiblemente más de la mitad de la muestra del grupo de solteras tienen hijos. Lo anterior nos lleva a concluir que las responsabilidades socioeconómicas de ser madre y padre en el caso de las mujeres solteras podrían repercutir en la comisión de delitos.

De la gráfica anterior, podemos concluir que los niños de las reclusas son quienes sufren más la privación de libertad de sus madres. Así pues, un 6% es menor de 2 años de edad, 19% comprende la edad de 2-5 años, el 35% de los niños están en edad de escolaridad primaria y la mayoría de 40% contempla a los niños que estudian en secundaria. Es muy grave el hecho de que los niños crezcan sin la presencia de su madre y todas las implicaciones que esta situación conlleva en cada etapa de su desarrollo. Es importante anotar el hecho de que la mayoría de estos niños está en su adolescencia lo cual los hace proclives a problemas de desarrollo emocional, psico-social e inclusive ser propensos a su vez a la comisión de delitos.

En la gráfica No.6 podemos apreciar que un 24% de los hijos de la internas está al cuidado de la abuela, un 23% por otros familiares y un 15% por el padre de los niños. Estas cifras nos llevan a concluir que la mayoría de estos casos son hijos de madres solteras o que los padres de los niños no tienen los medios para sufragar a una doméstica que cuide de los niños.

Este análisis lleva a la conclusión que las mujeres que se encuentran privadas de su libertad, afecta a su familia, particularmente a los hijos. Por lo regular, cuando el hombre va a prisión, los hijos quedan al cuidado de la madre; pero cuando la madre va a prisión, los niños no queden normalmente bajo el cuidado del padre, por lo que pierden tanto al padre como a la madre, y a menudo también a los hermanos, pues éstos suelen repartirse entre los familiares o enviarse a alguna institución estatal.

El 62 % de la población encuestada no ha terminado su educación secundaria. Sin embargo, existe un número considerable de mujeres profesionales o que han cursado estudios universitarios (22%) que han cometido delitos.

Esta alta cifra de baja escolaridad en las encuestadas se puede relacionar con la pobreza y su incidencia en la comisión de los delitos.

Este dato es importante ya que la situación familiar de las reclusas sufre cambios desfavorables, ya que muchas veces son abandonadas por sus parejas, y al no haber culminados sus estudios no pueden aspirar a plazas de trabajo que les provee de una situación económica estable. Al cometer hechos delictivos sus hijos se deben criar sin el afecto y apoyo de la madre.

Este dato también nos indica que es necesario revalorizar la educación formal en todas sus instancias y niveles, facilitando no sólo el acceso a la misma, sino también evitando la deserción temprana.

En esta gráfica podemos observar que el 40 % de las privadas de libertad no contestaron si tenían alguna profesión u oficio. El 12 % de las que contestaron manifestaron ser amas de casa.

A la mujer, sin embargo, se le asigna generalmente el desempeño de “los oficios del hogar”, con lo cual no satisface sus propias necesidades económicas sino que sigue en su rol de dependencia del hombre.

La gran mayoría de las encuestadas, el 90%, son de nacionalidad panameña, de las cuales un 80% provienen de la Provincia de Panamá. Un 8% de las panameñas provienen de otras provincias por lo cual concluimos que mujeres que viven en el interior de la República en su mayoría no cometen delitos en la Provincia de Panamá.

En esta gráfica podemos apreciar que el 54 % de las privadas de libertad encuestadas residían en el Distrito de Panamá, seguido por un 15 % que residían en San Miguelito.

La gran mayoría de las privadas de libertad son de la capital de Panamá, debido a que existen otros centro penales de mujeres en Provincias Centrales, Chiriquí y Bocas del Toro, en la Provincia de Colón y Darién.

GRÁFICA No. 11

En esta gráfica, podemos ver que no hay una nacionalidad predominante para aquellas reclusas extranjeras. Las mismas provienen de lugares distintos tales como Colombia, República Dominicana, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Austria y Brasil, entre otros.

El 61 % de las mujeres encuestadas se encontraba trabajando al momento de su detención ya sea en trabajos formales (47%) o de economía informal (14%). A pesar que no es la mayoría, existe una cantidad considerable de mujeres detenidas que se encontraban desempleadas (35%).

En esta gráfica podemos observar que las mujeres que tenían trabajo remunerado antes de entrar en prisión (un 47 %, tenían ingresos que oscilaban desde el salario mínimo hasta por debajo del mismo. Es evidente que una de las causas de la criminalidad femenina es esencialmente, la situación económica. Además, hay que tener en cuenta que la mayoría de las mujeres en prisión, dentro del rango de 25 a 35 años de edad, tienen hijos menores de edad a su cargo, lo que agrava, más su situación.

La mayoría son jefas de hogar cuyos maridos no existen, se desentienden, o quedaron en el desempleo y por lo mismo sin función social sobre la cual han construido su dignidad de personas.

En este gráfica, podemos determinar que solamente menos de la mitad de las encuestadas recibe atención médica en el centro (47%). Sin embargo, la mayoría de la población penal no recibe dicha atención (51%).

El Centro Femenino de Rehabilitación no cuenta con un personal médico de planta por lo que los médicos solo llegan a atender a las reclusas esporádicamente.

Según la mayoría de las encuestadas, la atención médica que se recibe es regular (21%). La tendencia, sin embargo, una cantidad considerable de las encuestadas la califica de deficiente (12%) a muy deficiente (14%).

De la población muestra, la mayoría recibe atención ginecológica (53%); sin embargo, un porcentaje similar (46%) no la recibe.

Es preocupante que el 46 % de privadas de libertad que no reciba atención ginecológica, ya que mediante estos exámenes se pueden detectar enfermedades para darles el tratamiento pertinente.

GRÁFICA NO.17

De la población que recibe atención ginecológica, la mayoría establece que dicha atención es buena (25%) seguida de un 15% que menciona que es regular y un 8% que la califica de deficiente a muy deficiente.

Del 53 % de las privadas de libertad que reciben atención ginecológica, el 34 % la recibe una vez cada seis meses, es decir, que corresponde con el tiempo en el que la mujer debe realizarse estos exámenes. El 14 % restante recibe esta atención ya sea una vez al año, otras cuando hay médico o cuando se sienta mal.

La gran mayoría de la población muestra manifiesta no recibir ayuda psicológica (80%). El Centro Femenino de Rehabilitación no cuenta con programas permanentes y especializados en el tema de depresión, drogadicción y demás trastornos psicológicos que presentan las privadas de libertad.

El Estado debe garantizar que la atención médica y psicológica que sea necesaria se obtenga de inmediato, y debe asegurar que los individuos que representen un serio peligro de hacerse daño a sí mismos y/o a otros, reciban el tratamiento especializado requerido.

El 17 % de las privadas de libertad que contestaron que sí recibían atención psicológica, reciben esta atención desde todos lo días hasta una vez cada seis meses en porcentajes bastantes proporcionales, lo cual significa que las que reciben esta atención se les da un seguimiento a sus problemas.

De las encuestadas que reciben atención psicológica, el 10% manifiesta que la atención psicológica es buena. Otro 5% manifiesta que es regular.

En esta gráfica que podemos apreciar que las privadas de libertad que reciben atención psicológica, el 15 % de las privadas la recibe de manera individual.

Por otro lado tanto las que reciben atención psicológica señalan que la misma es de regular a deficiente y a la vez señalan conjuntamente con las que no la reciben que el centro Femenino no se preocupa por la salud de ellas, ni física ni mental.

Más de la mitad de las encuestadas, es decir un 54%, recibe algún tipo de educación en el centro. Sin embargo un 44% de las mismas no la recibe.

Con relación a este 44% de privadas de libertad que no reciben educación en el centro, habría que preguntarse el por qué no se integran a recibir educación. Es frecuente escuchar que los funcionarios del Centro que se lamenten de la escasa participación de las mujeres en los programas educativos, sin que logren comprender que, tal vez como éstos están diseñados, tienen muy poco que aportarles y carecen de sentido para a las internas.

Otro aspecto que hay que tomar en consideración es que a menudo las internas se encuentran deprimidas, desmotivadas, ya sea por el encierro, o por la separación de su familia.

La mayoría de la población que recibe educación en el centro manifiesta que la calidad de la misma es buena (25%). Sin embargo, un 12% de la población indica que la misma es regular y el 6% de deficiente a muy deficiente, mientras que un 10% la califica de excelente.

En el aspecto de la capacitación, el 61 % de las privadas de libertad encuestadas respondieron que no recibían capacitación técnica o laboral y el 35 % que recibe capacitación en el área de costura, belleza, manualidades que propiamente no son programas de capacitación, ya que deberían existir programas que ayuden a las privadas de libertad a prepararse para la búsqueda de empleo y ser competitivas en el mercado laboral.

A las mujeres se les sigue impartiendo cursos y enseñanzas que la tradición ha entendido propios de su sexo, los que carecen de valor social y no confieren independencia ni posibilidades reales de inserción laboral.

Este argumento se ve reforzado en los resultados obtenidos en la gráfica que a continuación se presenta.

Como se puede apreciar en la gráfica las privadas de libertad que reciben capacitación, el 10 % es en el área de las manualidades. Es necesario implementar programas capacitación, que le conviertan a las privadas de libertad en competitivas en el mercado laboral. Con esta medida se logrará realizar efectivamente trabajos de resocialización a las privadas de libertad.

En esta gráfica podemos apreciar que del 35 % de las privadas de libertad manifestaron recibir algún tipo de capacitación, para el 22 % de ella la califica como buena, un 5% como regular y un 7 % entre deficiente y muy deficiente.

El 36 % de las privadas de libertad encuestas manifestó que su relación con el personal técnico del centro penal es buena. Sin embargo, un 33 % de las mismas señala que su relación es regular. El 19 % manifiesta que es excelente y un 8% entre deficiente y muy deficiente.

El 33 % de las privadas de libertad encuestas manifestó que su relación con el personal administrativo del centro penal es buena. Sin embargo, un 27 % de las mismas señala que su relación es regular. El 9 % manifiesta que es excelente y un 23% entre deficiente y muy deficiente.

Por un lado esta gráfica nos demuestra que la población penal femenina por su condición de mujer y madre, tiende más a preocuparse por la situación en la que se encuentran sus hijos y familia, por lo que no presentan tanta violencia como en los centros penales de varones. Y también que el personal administrativo tiene formación buena disposición en su relación hacia las privadas de libertad.

En la gráfica que a continuación se presenta que de la muestra aplicada el 58 % de las privadas de libertad tienen abogados particulares y un 33 % tiene abogados de oficio.

En esta gráfica se aprecia que las privadas de libertad que tiene abogado de oficio que representa un 33% de las encuestadas, un 11 % respondió que su abogado de oficio nunca la visita y en los demás casos no hay una frecuencia en las visitas. Salvo un 5% de las encuestadas que respondió que una vez a la semana su abogado de oficio las visita.

La no frecuencia en las visitas del abogado crea para las privadas de libertad, un estado de ansiedad muy grande al no saber del status procesal del caso. La mayoría de las veces estos abogados han sido notificados de la fecha para audiencias, presentación de pruebas y no les comunican de las mismas a sus representadas. Esto resulta muy perjudicial para la defensa de las privadas de libertad.

En cuanto al conocimiento de la Ley 55 de 2003, la gran mayoría de las encuestadas, 73%, manifestaron desconocerla. Solo un 20% de las entrevistadas la conocen.
Es importante que las privadas de libertad conozcan sus derechos y deberes dentro del centro penal, así como también otras leyes que beneficien en su proceso de resocialización.

En la gráfica que se aprecia, el 60 % de las privadas de libertad encuestadas no conocen Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.
Este punto es importante ya que las privadas de libertad tienen que conocer sobre los tratos mínimos a los que tienen derecho para que puedan defenderse en caso de violaciones a sus Derechos Humanos dentro del Centro Penal.

El Estado no puede limitar, ni destruir los Derechos Humanos de los privados de libertad, por el contrario, es su responsabilidad reconocerlos y respetarlos y hacer que se respeten, por la dignidad del ser humano no tiene precio.

Los datos demuestran, en primer lugar que el aumento de la delincuencia femenina está absolutamente correlacionada a los delitos por drogas, quien se ven envueltas en la comisión de este delito por sus maridos o compañeros, pero también muchas veces por la falta de una cobertura económica y falta de oportunidad en el ámbito laboral, las mujeres encuentran en la delincuencia su modo de vida.

Esta gráfica está ligada íntimamente con la profesión u oficio de las privadas de libertad y los ingresos mensuales que recibían antes de ingresar al centro penal, por lo cual se puede observar que la necesidad económica, que para la mujer es mayor que para el hombre, en momentos de crisis y desempleo, le ofrecerá mayores oportunidades para el trabajo ilegal que para el trabajo legal.

Sin embargo, la mujer a diferencia del hombre no va ocupar lugares gerenciales ni siquiera intermedios sino que su participación va a estar limitada a papeles secundarios: trabajar como transportista de pequeñas cantidades de drogas, en muchas ocasiones dentro de su propio cuerpo, lo que comúnmente se conoce como trabajo de “mulas”, a cambio de una insignificante cantidad de dinero, si se toma en consideración la magnitud
de las ganancias que este negocio le da a otras personas..

Seguidamente por un 14 %, se encuentra los delitos contra el patrimonio. El robo femenino tiene la particularidad de estar asociado al trabajo. En general las mujeres roban cuando trabajan en otros trabajos que no son los de su casa.

Y un 12 % se encuentran las privadas que cometieron delitos contra la vida e integridad personal.

En cuanto a la situación jurídica que se le imputa a las internas, el 58 % de las encuestadas respondió que se encuentra a la espera de juicio y sólo el 40 % de ella están condenadas.

Los resultados de esta gráfica son de mucha relevancia ya que se puede apreciar que desde las fiscalías se aplica como medida cautelar la detención preventiva, cuyo abuso conlleva al hacinamiento del centro penal.

Cuando se proceda por delito que tenga señalada pena mínima de dos años de prisión y exista prueba que acredite el delito y la vinculación del imputados, a través de un medio probatorio que produzca certeza jurídica de ese acto y exista, además, posibilidad de fuga, desatención al proceso, peligro de destrucción de pruebas, o que pueda atentar contra la vida o salud de otra persona o contra sí mismo, se decretará su detención preventiva”. La frase resaltada pareciera tornarse transparente y desaparecer ante los ojos de los funcionarios de instrucción, quienes tan sólo se limitan a considerar el término de la pena mínima de prisión.

Igualmente sucede en el caso de la demora en la realización de las audiencias y las medidas dilatorias que algunos abogados particulares y de oficio interponen, que en vez de favorecer al privado de libertad contribuyen a la mora judicial.
GRÁFICA NO.36

Con relación a esta grafica podemos señalar que en cuanto a la comisión de delitos por parte de las privadas de libertad las mismas tienen el carácter de primarias, ya que el 86% de las encuestadas respondieron que se encuentran por primera vez dentro del centro penal. Solo un 13% de la muestra son reincidentes.

Es importante establecer programas especiales de rehabilitación, para que estas privadas de libertad que reinciden puedan incorporarse nuevamente a la sociedad. A la vez se hace necesario programas de atención psicológica, de adicciones, de facilitación de programas masivos de educación, formación alternativa en el área de sexualidad, drogas, formación ciudadana y educación para la no violencia.

El 33 % de las privadas de libertad encuestadas manifestó que desde que fue privada de su libertad hasta que se les realizó el juicio tuvieron que esperar 1 año y más, por lo cual se establece que la larga duración de los procesos, especialmente las apelaciones y, la casación, hacen que la detención preventiva se prolongue tanto que, constituya en una pena, como si la persona estuviese condenada.

El problema de esta situación radica que mientras este 33 % de las privadas de libertad estuvo entre el rango de un año y más mientras se le realizaba el juicio detenida, así no estar bajo la autoridad de la Dirección General del Sistema Penitenciario, no pueden participar de ningún programa educativo que tenga el centro, así como también no puede gozar de los beneficios de permisos especiales, laborales y demás que la Ley les reconoce a las que forman parte del Sistema Penitenciario.

El 83 % de las encuestadas señaló que no han sido beneficiadas con libertad condicional u algún otro beneficio como permiso de trabajo extra muro.

Es preocupante que del 40 % de las privadas de libertad que respondieron estar condenadas, un alto porcentaje de ellas no han sido beneficiadas ni con la libertad condicional, ni con permisos especiales de trabajo, salida y demás, establecidas en la Ley No. 55 de 2003.

Luego de analizada esta gráfica podemos concluir que es importante que se beneficie a las privadas de libertad que califique para la obtención de permiso de trabajo y la Libertad Condicional ya que les permitiría integrarse nuevamente en la sociedad, especialmente a su núcleo familiar.

1. La aplicación de la encuesta y su posterior análisis han permitido establecer que las privadas de libertad encuestadas son mujeres típicamente jóvenes y solteras. La mayoría de ellas tiene hijos y representan la principal fuente de ingresos. Poseen educación precaria y poca o ninguna experiencia laboral.
2. En relación a la asistencia médica, el centro Femenino no cuentan con una atención suficiente, especializada, de calidad y que contemple la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Se constató la falta de atención de médicos ginecólogos, y personal de psicología.
3. Los presupuestos asignados a los sistemas penitenciarios resultan en su totalidad insuficientes y en muchas ocasiones se carece de rubros presupuestarios específicos, ya sea para medicinas, alimentación, artículos de aseo personal y/o ropa de cama.
4. Hay responsabilidad del Estado a través de los jueces por la mora judicial, en tanto prolonga la pena de prisión. Debe revisarse las deficiencias estructurales que hacen que tarde tantos años la emisión de sentencias y de contestaciones a los recursos de apelación, Casación y Revisión.
Las estadísticas revelan que la mayoría de las mujeres privadas de libertad han cometido delitos relacionados con la venta y el tráfico de drogas, especialmente lo relacionado con la micro comercialización de droga.
Gran parte de ellas se ligan a esta actividad delictiva por instancia de sus esposos o compañeros. Una modalidad en relación a los delitos contra la ley de drogas, es que las mujeres cometan estas conductas como co-autoras del hombre y la otra modalidad es que son obligadas por el hombre preso, fundamentalmente cuando éste trafica dentro de la cárcel.

RECOMENDACIONES

SISTEMA PENITENCIARIO

1. Urgimos la pronta integración del Consejo de Política Penitenciaria establecido en la Ley No. 55 de 2003 como organismo asesor en materias penitenciarias.

Elaborar, fortalecer e implementar modelos de atención en áreas de salud, trabajo, educación, recreación, disciplina, y jurídico.

Es necesario el trabajo multidisciplinarios del Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno y Justicia para la creación de programas especiales de salud tanto física como emocional de las privadas de libertad, así como también programas para superar problemas de adicción a las sustancias ilícitas.
Implementar programas de educación y capacitación, que le vuelvan a las privadas de libertad en competitivas en el mercado laboral y poder así superarse y dar a sus hijos mayor estabilidad.

Políticas de rehabilitación y reincorporación social que tengan el carácter de públicas.

1. Limitar el uso de la prisión preventiva, esta medida debe utilizarse únicamente para casos que así lo requieran conforme a parámetros restrictivos muy bien definidos. Se debe contemplar el establecimiento de penas distintas de las de prisión y reclusión, de manera tal que se reduzca el número de personas privadas de libertad.
2. Establecimiento de mecanismos que agilicen de modo efectivo la justicia. Con relación a las apelaciones y casaciones debe iniciarse un estudio a fin de recomendar soluciones estructurales para evitar los largos retrasos. Declarar urgencia a nivel judicial a fin de poner al día las audiencias, y las decisiones de los recursos interpuestos como la Casación, para que se supere de modo radical el retraso de años que tiene la Corte.
3. Fortalecimiento de los mecanismos consensuales, democráticos y alternativos de resolución de conflictos, a todo nivel (negociación, conciliación, mediación, arbitraje).
4. Fortalecer los departamentos jurídicos, de diagnóstico y evaluación y tratamiento para que tramiten los casos o se les aplique las disposiciones legales vigentes y asistencia social a los procesados, y a quienes estando sentenciados se les facilite el tratamiento penitenciario que requieran los detenidos, y se les otorgue los beneficios de ley.
5. Diseño concertado y democrático de políticas sociales de prevención de la violencia y manejo pacífico del conflicto.
6. Dirigir esfuerzos hasta lograr en equipo realizar un trabajo transdisciplinario, donde cada profesional comprenda el aporte de su disciplina y el de las restantes que participen en la discusión de un caso. Entender y enfrentar la violencia son tareas sociales transdisciplinarias, interinstitucionales, pero en las cuales cada persona, cada institución, debe hacer algo.

I. ASPECTOS SOCIALES (DIRIGIDO A LAS INTERNAS A. A. A nivel de su vida en general
1. ¿Entre que edad te encuentras?	a) ___ 18 – 25 b) ___ 25 – 35 c) ___ 35 – 45 d) ___ 45 – 55 e) ___ 55 o más.
2. Al momento de ser detenida en qué estado civil te encontrabas	a) ___ Sotera b) ___ Casada c) ___ Unida d) ___ Divorciada e) ___ Viuda
3. ¿Tiene hijos?	a) ___ Sí b) ___ No (Pasar a la pregunta 7)
4. ¿Cuántos hijos tiene?	a) ___ 1 b) ___ 2 c) ___ 3 d) ___ 4 e) ___ 5 o más
5. ¿Qué edades tienen?	a) ___ 0 – 2años b) ___ 2 – 5 años c) ___ 5 – 8 años d) ___ 8 –12 años e) ___ 12 años o más.
6. Quién cuida de los hijos actualmente	a) ___ El papá b) ___ Abuela c) ___ Otro familiar d) ___ Vecinos e) ___ Otros ¿Cuál?_______________
7. Nivel de estudios realizados	a) ___ Primaria completa b) ___ Primaria Incompleta c) ___ Pre media completa d) ___ Pre media incompleta e) ___ Media completa f) ___ media incompleta g) ___ Universidad completa h) ___ Universidad incompleta i) ___ Ninguno.
8. Profesión u oficio
9. En qué área o lugar vivía antes de ingresar al Centro.	a)_____________Provincia b)_____________Distrito c)______________Corregimiento
10. A qué se dedicaba al momento de su detención	a) ___ Trabajaba b) ___ Era desempleada c) ___ Economía informal
11. Cuanto recibías al mes?	a) ___ menos de 100 Balboas b) ___ 101-300 Balboas c) ___ 301-500 Balboas d)___ más de 500 Balboas

B. A nivel de su vida en el centro
1. ¿Recibe atención médica en el Centro?	a) ___ Sí b) ___ No (Pasar a la pregunta 3)
2. ¿Cómo es la atención médica que recibe del centro?	a) ___ Excelente b) ___ Buena c) ___ Regular d) ___ Deficiente e) ___ Muy deficiente
3. ¿Ha recibido atención ginecológica?	a) ___ Sí b) ___ No (Pasar a la pregunta 6)
4. ¿Con qué frecuencia recibe atención ginecológica?	a) ___ Una vez a la semana b) ___ Una vez al mes c) ___ Una vez cada tres meses d) ___ Una vez cada seis meses e) ___ Otra. ¿Cuál?
5. ¿Cómo es la atención ginecológica que recibe?	a) ___ Excelente b) ___ Buena c) ___ Regular d) ___ Deficiente e) ___ Muy deficiente
6. ¿Recibes atención sicológica?	a) ___ Sí b) ___ No (pasar a la pregunta 10)
7. ¿Con qué frecuencia recibe atención sicológica?	a) ___ Una vez a la semana b) ___ Una vez al mes c) ___ Una vez cada tres meses d) ___ Una vez cada seis meses e) ___ Otra. ¿Cuál?
8. ¿Cómo es la atención sicológica?	a) ___ Individual b) ___ Grupal c) ___ Ambas
9. ¿Cómo es la atención sicológica que recibe?	a) ___ Excelente b) ___ Buena c) ___ Regular d) ___ Deficiente e) ___ Muy deficiente
10. ¿Dentro del centro ha recibido algún tipo de educación?	a) ___ Sí b) ___ No (pasar a la pregunta 12)
11. ¿Cómo es la calidad de la educación que le han ofrecido en el centro?	a) ___ Excelente b) ___ Buena c) ___ Regular d) ___ Deficiente e) ___ Muy deficiente
12. ¿En el centro recibe capacitación técnica o laboral?	a) ___ Sí b) ___ No. (pasar a la pregunta 15)
13. ¿Qué tipo de capacitación recibe?
14. ¿Cómo es la capacitación laboral que recibe?	a) ___ Excelente b) ___ Buena c) ___ Regular d) ___ Deficiente e) ___ Muy deficiente
15. ¿Participa de alguna actividad artística, cultural o deportiva en el centro?	a) ___ Sí b) ___ No (pasar a la pregunta 18)
16. ¿De que tipo de actividad participa?	a) ___ Teatro b) ___ Pintura c) ___ Danza d) ___ Manualidades e) ___ Lectura f) ___ Deportes g) ___ Otra ¿Cuál?
17. ¿Con que frecuencia?	a) ___ Una vez a la semana b) ___ Más de una vez a la semana. c) ___ Una vez al mes d) ___ Otra. ¿Cuál?
18. ¿Cómo es su relación con el personal técnico del centro?	a) ___ Excelente b) ___ Buena c) ___ Regular d) ___ Deficiente e) ___ Muy deficiente
19. ¿Cómo es su relación con el personal administrativo del centro?	a) ___ Excelente b) ___ Buena c) ___ Regular d) ___ Deficiente e) ___ Muy deficiente
20. ¿Cómo es su relación con el personal administrativo del centro?	a) ___ Excelente b) ___ Buena c) ___ Regular d) ___ Deficiente e) ___ Muy deficiente