Boletin Nº1 Marzo 2006

La base fundamental de la protección de los derechos humanos, inherentes a cada uno de nosotros, proviene de la dignidad propia de la persona humana, la cual prevalece sobre los intereses particulares de los sectores políticos, económicos y sociales. Es por ello que la atención a los mismos debe constituir pieza fundamental en la reconstrucción de una sociedad plagada de corrupción, violencia, injusticias y falta de credibilidad en nuestro sistema judicial.

Durante el 2005, han continuado ocurriendo situaciones difíciles que han ocasionado desconfianza, temor y un deterioro general en el ámbito político, económico y social de nuestra realidad nacional.

También, el año que está por terminar, se ha caracterizado por denuncias de corrupción a funcionarios públicos y la falta de confianza en el sistema de administración de justicia, reflejado en las denuncias de particulares y de la sociedad civil organizada contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia por la selectividad y parcialidad en sus fallos.

Para enmarcar la situación actual que atraviesa Panamá, hemos desarrollado este breve análisis de las principales violaciones a los Derechos Humanos en las esferas civiles, políticas, económicas y sociales durante el 2005.

La Comisión de Justicia y Paz espera con este intento de sistematización y análisis contribuir a la discusión, al debate y a la formulación de acciones que como Iglesia debemos continuar impulsando para coadyuvar con la construcción del Reino de Dios en la tierra e impulsar los principios consagrados en la Doctrina Social de la Iglesia.

I. DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

La situación del Órgano Judicial y específicamente de la Corte Suprema de Justicia se encuentra en su máxima expresión de deterioro y de nula credibilidad para el pueblo panameño.

Denuncias contra Magistrados

En declaraciones ante los medios de comunicación, el 3 de marzo de 2005, el Magistrado Adán Arnulfo Arjona denunció a sus otros compañeros Magistrados por haber fallado favorablemente en casos de corrupción y narcotráfico. De esta forma expuso más aun la situación de corrupción y selectividad en los fallos, entre los cuales podemos incluir el que otorga la libertad a la ciudadana colombiana Lorena Henao, señalada como una de las cabecillas principales del Cartel de Valle, la cual fue posteriormente condenada en Colombia por tratar de comprar a funcionarios judiciales de dicho país.

A pesar de haber realizado estas declaraciones, el Magistrado Arjona no oficializó esta denuncia ante los canales correspondientes. Sin embargo, el Lic. Florencio Barba Hart presentó una denuncia ante la Asamblea Nacional de Diputados contra los nueve magistrados en este sentido. Sin embargo, esta instancia desestimó la denuncia por carecer de prueba sumaria, diluyendo así cualquier posibilidad de que esta instancia investigara estas situaciones.

Al respecto, la Comisión de Justicia y Paz emitió un comunicado en el cual hace un llamado a la Asamblea Nacional de Diputados, la cual se encuentra amparada por la Constitución y las leyes, para ejercer su función judicial en este caso. Además, se advierte que el argumento esbozado por este recinto es una falacia y un pretexto para la impunidad judicial del más alto Tribunal de Justicia del país.

Por su parte, otra de las denuncias presentadas ante la Asamblea Nacional de Diputados en contra de magistrados fue la interpuesta por Ernesto Montenegro del Frente Contra la Corrupción, casualmente contra el Magistrado Arjona, por delitos contra el patrimonio por presuntamente haber empleado en su despacho a cuatro funcionarias de la Procuraduría General de la Administración.

Ante estas situaciones, las organizaciones de la sociedad civil pertenecientes a la Alianza Ciudadana Pro Justicia y otros gremios populares realizaron una protesta en las escalinatas de la Corte Suprema de Justicia en la cual demandaban la renuncia irrevocable de los nueve Magistrados de la Corte y una reforma de la manera como éstos se escogen. Además, solicitaron que los magistrados cumplan con una serie de puntos como la independencia de criterios frente al gobierno de turno, valores éticos y morales demostrados y no haber pertenecido a los partidos políticos.

Otra de las sendas denuncias contra los Magistrados de la Corte de Justicia fue la presentada por las organizaciones pertenecientes a la Alianza Ciudadana Pro Justicia, entre las cuales se encuentra la Comisión de Justicia y Paz, contra 2 fallos de la Corte Suprema de Justicia. Después de un análisis jurídico de 6 fallos se detectó que en dos de dichas decisiones hubo un criterio selectivo e imparcial.

Comisión del Estado por la Justicia

En el mes de mayo de 2005 se constituyó la Comisión de Estado por la Justicia, iniciativa del Ejecutivo para impulsar reformas judiciales en la administración de justicia. De esta Comisión formaba parte Alianza Ciudadana Pro Justicia con el fin de que las propuestas fueran discutidas por todos los sectores de la sociedad civil. Al final de los 180 días de reuniones de esta Comisión, se rindió un informe con 30 resultados esperados según la agenda de Reforma Judicial del Pacto de Estado por la Justicia, los cuales fueron:

Aprobada la Política Criminológica de Estado y se habrá creado el Ente Rector de esta Política.
Aprobado el Proyecto de Ley de Agilización de la Justicia Penal.
El Consejo Judicial habrá sido reestructurado, atribuyéndosele la función de monitoreo y seguimiento de la reforma judicial y se habrá incorporado otro organismo de la sociedad civil a este Consejo.
La Dirección de Auditoria Judicial, del Órgano Judicial, contará con un nuevo reglamento de funcionamiento que permitirá medir la efectividad de los despachos judiciales y el inventario de los casos tramitados en todo el país.
La Procuraduría General de la Nación tendrá una Unidad de Auditoria de desempeño.
La Procuraduría General de la Nación habrá fortalecido y tecnificado a las Fiscalías Anticorrupción.
Se contará con un nuevo proceso por faltas éticas y disciplinarias, aplicable a los funcionarios del Órgano Judicial y el Ministerio Público.
El Órgano Judicial y el Ministerio contarán con mapas judiciales actualizados que permitan ampliar eficientemente el servicio de justicia en el ámbito nacional.
El Órgano Judicial tendrá publicada en la página de Internet de la institución la información estadística y de gestión judicial de todos los despachos judiciales y se tendrán oficinas de atención al ciudadano en cada provincia del país.
En el Ministerio Público estará funcionando una Secretaría de Comunicación y una página electrónica con información de la gestión de la Institución.
Aprobado los nuevos Códigos Penal y Procesal Penal.
Mejorado el servicio a los usuarios de la Jurisdicción de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor.
Agilizado la Jurisdicción de Familia y de Niñez y Adolescencia y se habrá fortalecido la protección del menor y los derechos de las víctimas por el acto infractor.
Ampliado la cobertura de la Jurisdicción Laboral y se habrán realizado reformas que permitan la agilización de los procesos.
Reformado la Jurisdicción Contencioso Administrativa y se habrán introducido procesos abreviados para los casos de destitución de funcionarios públicos.
Presentado a la Asamblea de Diputados la nueva Ley de la Abogacía.

Transformado la actual Jurisdicción Administrativa de Policía en una Jurisdicción de Paz adscrita al Órgano Judicial en todas las provincias del país.
El Órgano Judicial brindará un mejor servicio a los grupos humanos en situación de vulnerabilidad.
Creada la Sala de Garantías Constitucionales que será la encargada de atender los Recursos de Hábeas y Garantías Constitucionales que actualmente atiende el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.
El Órgano Judicial tendrá un sistema de evaluación de desempleo y un nuevo sistema de carrera judicial a cargo del Consejo de Administración de Carrera Judicial.
El Ministerio Público tendrá un nuevo sistema de evaluación del desempeño y un nuevo sistema de carrera de instrucción judicial.
La Escuela Judicial contará con un nuevo programa de capacitación inicial y continuada para jueces y magistrados.

Revocatoria de visa

Otra situación que se dio durante el 2005, fue la revocatoria del visado estadounidense en contra del Magistrado Winston Spadafora por supuestos actos de corrupción. Si bien es cierto que esta medida, para algunos sectores, supone una intromisión de los Estados Unidos en la política interna panameña ya que no ha habido informes previos o pruebas que sustenten esta decisión, este hecho confirma la percepción ciudadana sobre dicho Órgano de Justicia y de los funcionarios encargados de administrar justicia en nuestro país.

Procuraduría General de la Nación

Este año también se caracterizó por el esfuerzo realizado por la Procuraduría General de la Nación en la fiscalización de sus funcionarios e inclusive en la destitución e investigación de algunos de ellos, incluidos ex fiscales y médicos forenses, entre otros.

Otra de las iniciativas de la Procuraduría General de la Nación fue la proposición de un proyecto para que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia redujeran sus salarios y disminuyeran sus beneficios. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, los mismos Magistrados han justificado estos privilegios como contenidos en las leyes y correspondientes y retributivos a sus cargos de alta complejidad.

También se ha presentado un proyecto de ley, avalado por la Procuraduría de la Nación, en el cual se propone eliminar la prueba sumaria en las denuncias por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, en la actualidad, se encuentra suspendido aunque se pretenden continuar presentando proyectos de ley relacionados con este tema.

Elección de nuevos magistrados

Para el mes de diciembre de 2005, como noticia de fin de año, se escogieron dos nuevos Magistrados para la Corte Suprema de Justicia, Harley Mitchell y Victor Benavides, ambos pertenecientes al P.R.D. Reportes hacen alusión a la capacidad e idoneidad de estas personas para ejercer sus cargos, sin embargo, existe la preocupación de que por su pertenencia política, antepongan intereses de esa índole a la administración de justicia imparcial.

Ante una justicia altamente cuestionada, en nuestro país, la pregunta para el 2006 sería: ¿con la elección de estas personas habrá un cambio en la administración de justicia?, o ¿al ser estas personas nombrados por el Ejecutivo y Legislativo, el Órgano Judicial continuará respondiendo a intereses políticos partidistas?

El año 2005 se caracterizó por el aumento de casos de personas detenidas en las diversas cárceles en el ámbito nacional.

Entre las causas existentes de la mora judicial tenemos: las restricciones presupuestarias, estructurales y de funcionamiento; la falta de iniciativa y vocación de los funcionarios judiciales; exceso de funciones y compromisos extrajudiciales durante las jornadas judiciales; prácticas dilatorias de los abogados; demoras injustificadas de los funcionarios de instrucción en la conclusión del sumario; ineficacia de la legislación penal y procesal penal.

Se hace necesario y urgente disminuir la aplicación de la prisión preventiva y poner un límite legal a su duración, para que no se convierta por sí misma en una pena, respetándose la presunción de inocencia del imputado. Al mismo tiempo se insta a una mayor aplicación de las medidas sustitutivas de la pena privativa de la libertad como lo son: la suspensión condicional de la ejecución de la pena, el reemplazo de las penas cortas de privación de la libertad, la amnistía e indulto, la rebaja de la pena y la suspensión del proceso penal en las distintas etapas.

Esta mora judicial trae como consecuencia el hacinamiento carcelario. De acuerdo a las cifras del sistema penitenciario, actualmente, todos los centros penitenciarios del país sobrepasan con creces su capacidad.

El sistema de vigilancia electrónica consiste en colocar en el tobillo o muñeca del penado un brazalete que contiene un microchip. Este emite una señal que es captada, vía telefónica, por el centro penitenciario correspondiente. Si se retrasa o se interrumpe la señal, salta la alarma.

El Lic. Diomedes Kaa, Director del Departamento de Coordinación Penitenciaria de la Procuraduría General de la Nación, informó a la Comisión de Justicia y Paz, que el sistema de brazalete electrónico se implementó como plan piloto en el Ministerio Público desde el día 7 de septiembre de 2005, por un término de 3 meses. Es decir, que el día de hoy 7 de diciembre terminó el plazo de monitoreo al sistema de brazalete electrónico.

Se realizó este plan piloto con ocho hombres y mujeres de bajo perfil, es decir, personas cuyos delitos no permiten excarcelación.

Con relación al sistema de brazalete electrónico, señaló el Lic. Kaa, que es una tecnología de punta confiable. Hubo un equipo de monitoreo encargado de supervisar a estas ocho personas y las respuestas que se obtuvieron fueron positivas. Positivas en el sentido de que ninguna de estas personas provocó problemas y por consiguiente se pudo conservar el ambiente familiar completo, al permanecer los detenidos con sus familiares.

Como el plan piloto terminó, falta hacer una evaluación que determine, en cuanto a los aspectos de abordaje técnicos y a su mismo funcionamiento, cual es su efectividad para proponer su utilización como una medida alternativa distinta a la detención preventiva.

Como estas ocho personas demostraron cumplir con el sistema sin problemas, se pedirán los mantengan bajo arresto domiciliario sin los brazaletes.

B. SISTEMA PENITENCIARIO

La población penitenciaria para finales del 2004 estaba conformada por 11,400 privados de libertad. Para el año 2005, según el sitio Web del Sistema Penitenciario, la población penal a diciembre es de 11, 748 privados de libertad.

El presupuesto asignado para el Sistema Penitenciario para el año 2005 es de diez millones de dólares, un millón de dólares más que el presupuesto del año 2004, que era de nueve millones.

La situación no ha variado en comparación con el año 2004. Continúa la falta de recursos humanos, capacitación y actualización de los mismos; la baja remuneración económica de los funcionarios penitenciarios; deficiencia de los funcionarios en el desempeño de sus funciones y también se observa la corrupción.

3. Con relación a los Centros Penitenciario y Cárceles del Interior del País:

Persiste el hacinamiento por lo cual resulta imposible realizar la clasificación de los internos y a su vez, la aplicación de elementos técnicos y criminológicos en el tratamiento y atención de dicha población de internos. No existe una clasificación de los centros penitenciarios. La prestación de servicios médico es insuficiente.

En cuanto a la comida, esta ha mejorado un poco en su calidad. Sin embargo, en algunos centros los internos que preparan los alimentos no cuentan con un curso de manipulación de alimentos, certificado por el Ministerio de Salud, en donde se indique que los mismos han sido formados para esta tarea. Tampoco son capacitados en cuanto a las medidas sanitarias aplicables a la distribución de la comida en los diferentes pabellones o galerías.

Se hace necesario la colaboración de autoridades como el Instituto de Acueductos y Alcantarillados para solucionar el problema de suministro de agua en los diferentes centros penales. De igual forma seria necesaria la asistencia del Ministerio de Salud, en cuanto al aspecto de limpieza, fumigaciones y control de las celdas en donde habitan los privados de libertad, para poder evitar el desarrollo de alimañas, enfermedades virales y de la piel.

La percepción de la sociedad en cuanto a los reclusos es la misma, se estigmatiza al privado de libertad. Continúa la apatía ante la problemática penitenciaria y esto, en parte, se debe a la falta de educación ciudadana acerca del tema penitenciario y al desconocimiento, por parte de la ciudadanía, de la labor penitenciaria. Prevalece la inseguridad ciudadana.

El Sistema Penitenciario aún no cuenta con programas científicos de resocialización aplicables a la realidad de los internos. Sólo se emplean acciones a las que tipifican como “programas”.

“Que modifica el Artículo 47 del Código Penal y adiciona el Capítulo X, denominado Conmutación de Penas de Privación de Libertad por Estudio o Trabajo, Al Título III del Libro Primero del Código Penal”.

Mediante esta Ley 28 de 2005 se introduce nuevamente la figura del trabajo comunitario, aplicable a aquellas personas que tengan faltas administrativas. Esta figura la aplicarán los Corregidores y Jueces Nocturnos, quienes impondrán trabajo por pena. De igual manera, la Dirección del Sistema Penitenciario Nacional, podrá aplicar un día de trabajo por un día de pena para los que tengan hasta tres años de cárcel, dos días de trabajo por un día de pena para los de tres a 10 años de cárcel y tres días de trabajo por un día de pena para los de 10 a 20 años de prisión.

Con esta iniciativa los detenidos harán trabajos de reparación de escuelas, de vías públicas, corte de hierba, reparación de sanitarios y recolección de basura. Además agregó, se establecerá un sistema computarizado para llevar un control de las penas de los presos.

7. Rebaja de Condena a Privados de Libertad Extranjeros

La Comisión de Justicia y Paz da seguimiento al tema de la rebaja de condena a privados de libertad extranjeros. Cabe entonces recalcar el hecho de que hay varios países con los cuales Panamá no tiene tratados relativos a la rebaja de pena para que aquellos extranjeros que hayan cumplido, en territorio panameño, las 2/3 partes de sus penas, puedan terminar de cumplir su condena en su país de origen. Tal es el caso del Tratado suscrito entre Panamá y Colombia, en el cual, los condenados de nacionalidad colombiana que cumplan los requisitos del mismo, pueden terminar de cumplir la mitad de su condena en su país.

Conceder a aquellos privados de libertad extranjeros que hayan cumplido las 2/3 partes de su pena en territorio panameño la repatriación a su país de origen, contribuiría a disminuir la población penal y también a solventar los gastos en que incurre el Estado Panameño en el aspecto de alimentación y salud.

Según la Secretaria Ejecutiva de Transparencia Internacional, Angélica Maytín, la corrupción le cuesta a cada panameño B/. 767 al año. Si multiplicamos esta cifra por los 2.8 millones de personas que habitan en este país, equivale a B/. 2 mil 147 millones, un duro golpe al desarrollo de la Nación y una fortuna que va a parar a manos de gente inescrupulosa que se aprovechan de sus cargos para lucrar ilícitamente.

Durante el 2005, se han realizado intentos para reabrir el caso CEMIS el cual fue archivado por seis Magistrados de la Corte el 17 de septiembre de 2003, alegándose que el Ministerio Público investigó a los Legisladores cuando gozaban de inmunidad. Todo esto luego de que el Ministerio Público fusionara, en un solo expediente, el caso CEMIS y una denuncia de corrupción en la ratificación de dos Magistrados de la Corte presentada en el 2002 por la entonces Legisladora Balbina Herrera.

Uno de esos intentos fue realizado por la Fundación Panameña de Ética y Civismo que presentó una solicitud a la Procuradora General de la Nación para que se reabriera la investigación de los sobornos.

La Procuradora, Ana Matilde Gómez, ha señalado que no puede solicitar ante la Corte Suprema de Justicia la reapertura del caso CEMIS porque las normas legales se lo impiden y que esta tarea corresponde a la sociedad civil. Por otro lado, el Colegio Nacional de Abogados opina que la Procuraduría General de la Nación, como ente investigador, luego de analizar todos los elementos, puede solicitar al pleno de la Corte su consideración sobre la reapertura de este caso.

Sobre el particular, la Alianza Ciudadana Pro Justicia, señaló que para la reapertura del caso CEMIS debe haber una unidad de los ciudadanos y las organizaciones civiles ya que actualmente se encuentran muy dispersos. Manifestó que la unión es necesaria ya que de no haber resolución del caso, se deja en la impunidad a muchas personas y se afecta la credibilidad de los tres Órganos del Estado.

Otro escándalo de corrupción que ha continuado en el 2005 ha sido la presunta lesión patrimonial al Banco Nacional de Panamá, por 12 millones de balboas, en el financiamiento del proyecto Prados del Este cuyo principal implicado es su ex director, Bolívar Pariente.

Luego de meses de mantenerse prófugo de la justicia y de haber escapado a 5 países diferentes, Pariente se entregó a la justicia en abril.

Posteriormente, la Fiscalía Anticorrupción resolvió negar medida cautelar a Pariente, sustentando que en este caso se dieron situaciones que sugieren manejos inusuales respecto al tratamiento que le dio el BNP a dicho proyecto.

Señala además, que en este caso se cuenta con las pruebas testimoniales y evidencias documentales que corroboran que efectivamente se comprometieron las políticas de crédito del banco para favorecer a terceros y esta actuación provocó un sensible menoscabo de los bienes patrimoniales del Estado.

El 2005 también se caracterizó por escándalos de corrupción de funcionarios del Ministerio Público, entre ellos, el ex fiscal Arquímedes Sáez quien fue arrestado producto de un operativo encubierto en el cual se le confiscaron B/ 1,900 de los B/ 2,000 que le habían pagado como producto de su promesa de otorgarle una medida cautelar a una joven detenida por un caso de proxenetismo. Esta operación es producto de las investigaciones puestas en marcha por la Procuradora General de la Nación que ha culminado con la destitución de seis fiscales. Otros dos funcionarios de la misma jerarquía se encuentran separados de sus cargos y bajo investigación. En total, hay 20 expedientes abiertos contra diferentes empleados de la Procuraduría incluyendo fiscales, médicos forenses, personeros y secretarios.

Entre los funcionarios detenidos se encuentran Cirilo Carrasco, Oficial Mayor de la Fiscalía Primera Anticorrupción, por haber sido sorprendido in fraganti cuando recibía una coima de B/. 500 para favorecer a un detenido con una libertad condicional.

El cobro de coima o sobornos, negligencia, abuso de autoridad, participación en “actividades prohibidas” durante la permanencia en el cargo y la sustracción de evidencias, son algunos de los delitos más graves por los que se ha destituido e investigado a este grupo de funcionarios.

La Procuraduría General de la Nación investiga una denuncia de corrupción en materia de expedición de diplomas falsos interpuesta por Miguel Antonio Bernal contra la Universidad de Panamá.

La función para la que se crea este organismo es: exigir rendición de cuentas, fiscalizar y controlar la gestión pública.

Sin embargo, no es al Consejo al que le corresponde investigar. El procedimiento es que ellos reciben la información sobre irregularidades, la analizan preliminarmente y si se comprueba que hay suficientes elementos, se envía la documentación al Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación o la Contraloría de la República.

En el mes de marzo, el Primer Secretario de dicho Consejo, Cristóbal Arboleda, renunció a su cargo aduciendo razones personales. Inmediatamente fue nombrada a la Licenciada Alma Montenegro de Fletcher como Secretaria Ejecutiva de esta Institución.

Sin embargo, este organismo del gobierno nacional, para julio de 2005, no había remitido al Presidente Torrijos ninguna denuncia por caso de corrupción.

Otro caso que generó escándalo fue la renuncia del ex Director de Migración, Ramón Lima, tras conocerse que su firma de abogados, Lima y Asociados, tramitaba en la Dirección de Migración. También hubo denuncias, a través de los medios de comunicación, por actos de prostitución dentro de las celdas de la Dirección de Migración. El Lic. Lima fue reemplazado por el Lic. Ricardo Vargas, quien hasta antes de su designación, fungió como Primer Adjunto de la Defensoría del Pueblo.

En mayo de 2005, la Cortes Suprema de Justicia, a través de una decisión, ordenó suspender las investigaciones sobre las partidas discrecionales de las que hicieron uso los ex presidentes Ernesto Pérez Balladares y Mireya Moscoso.

La Alianza Ciudadana Pro Justicia hizo un llamado con respecto a este caso en el sentido de que la Corte Suprema de Justicia no debe negarle el derecho al país de saber en qué se gastaron la suma aproximada de 50 millones de dólares que pertenecen a los recursos del Estado.

D. Reformas Electorales

La Comisión de Reformas Electorales fue instalada el 18 de enero del presente año por el Tribunal Electoral con miras a plantear y discutir cambios al Código Electoral vigente. Esta iniciativa está compuesta por los partidos políticos y miembros de la sociedad civil entre los cuales se encuentra la Comisión de Justicia y Paz. El avance de esta Comisión está en que, por primera vez, se le permite a los miembros de la sociedad civil tener derecho no solo a voz sino también a voto.

En principio, una de las metas de la representación de la sociedad civil es que en la discusión de las reformas se aborden temas que no fueron aprobados en la última comisión de reformas del año 1998, como fue el tema del origen de los fondos. Además, consideran necesario se traten temas como el establecimiento de límites a las donaciones privadas, control del financiamiento de los partidos políticos durante las campañas electorales, fijación de un tope a los gastos de campañas, la transparencia, la democracia interna, una mayor participación real de las mujeres y la juventud y el tema de sanciones para las personas no haga un uso correcto de los fondos del Estados.

En cuanto al subsidio electoral, se acordó establecer controles adicionales al financiamiento estatal y privado. El Estado tendrá que desembolsar 20.3 millones de dólares. El 40% de ese monto, subsidio electoral, ya fue repartido en partidos políticos. El 60% restante será distribuido a cada partido de acuerdo con el número de votos obtenidos en las elecciones y estará sujeto a la entrega de los informes que justifiquen los gastos previos. Además, se le permitirá a la sociedad civil tener acceso para conocer cómo se utiliza el subsidio.

Con respecto a este tema, la Comisión de Justicia y Paz, como miembro de la sociedad civil en la Comisión de Reformas, plantea que si no se conoce el origen y cómo se ejecutan los fondos privados de los partidos políticos en la campaña electoral, no debe haber subsidio electoral. Además, considera que es importante ejercer mecanismos eficientes que controlen los fondos estatales utilizados por los partidos.

En cuanto al financiamiento privado, la Comisión nombró un equipo que se encargará de buscar asesoramiento técnico para sugerir cuáles serán las reglas del juego.
La adjudicación de las curules para diputados en los circuitos plurinominales se mantiene en discusión.
Se aprobó de manera unánime reformar los artículos relativos al registro y publicación de encuestas. Así, el artículo 189 del Código establecerá que toda persona natural o jurídica que pretenda realizar encuestas políticas para su divulgación deberá tener la idoneidad y estar previamente registrada en el Tribunal Electoral. Sin embargo, no se establecen formas para identificar a los dueños o accionistas de la compañía que realice la encuesta.
Se mantiene la prohibición de publicar encuestas dentro de los 10 días previos a las elecciones.
Con relación a la publicación de la encuesta, ahora será necesario informar quién pagó la encuesta. Antes era suficiente señalar quién la había ordenado para que se hiciera responsable.
Se propuso que la propaganda en los medios será permitida durante los 60 días calendarios previos a una consulta popular y dentro de los 30 días previos a una elección partidaria interna. Anteriormente eran 4 meses en el primer caso y 2 en el segundo.
Se aprobó el aumento del monto de las sanciones por la colocación de propaganda en lugares prohibidos.

La Comisión, en el año 2006, continuará su labor para armar una propuesta de anteproyecto de ley que pretende reformar del Código Electoral y que deberá ser presentada ante la Asamblea Nacional de Diputados.

Lo más destacado en el tema de violencia para el 2005 ha sido el asunto de la violencia de las pandillas. En una operación denominada “Ángeles”, que incluyó a todos los países de Centroamérica, Estados Unidos y el Caribe, entre estos Panamá, se identificaron en las ciudades de Colón, Panamá y el Distrito de San Miguelito 1,400 jóvenes vinculados a pandillas juveniles. Inclusive, para las fiestas patrias, directores de varias escuelas en Colón manifestaron que sus estudiantes no participarían en los desfiles por la falta de seguridad.

Durante la pasada Asamblea Nacional de la Comisión de Justicia y Paz, el Padre Teodoro Justavino del Vicariato de Darién, expuso al respecto que con los megaproyectos (ecología, cordón biológico, megaproyecto forestal), compra y venta de tierras y Desarrollo Sostenible en Darién, se beneficiaron los campesinos interióranos, pero el indígena y negro, que tienen derechos posesorios, no han obtenido beneficios.

Los campesinos interióranos agrupados en comunidades creadas por ellos tienen títulos, son sujetos de crédito y ellos venden sus tierras a programas de tecas.

El conflicto de Colombia ha creado una situación de flujo migratorio que debe ser atendida por la Iglesia.

El flujo migratorio interiorano ha creado una población superior a la autóctona (negros e indígenas). El 50 % de la población es interiorana. Esta situación ha posibilitado la creación de una alianza interétnica como una iniciativa de la Iglesia en la región. Los indígenas tienen tierras colectivas; los negros no tienen tierras, solo costas y acceso a recursos marinos.

Los interióranos tienen la industria de la madera y la ganadería que ha traído un “boom” por los préstamos de bancos. Ahora dan préstamos, pero dan un año y medio para pagar, antes los daban por 2 años.

El problema es que el dinero producto de los préstamos se lo gastan en licor, se endeudan y sus fincas pasan a ser de los bancos que las subastan y se da así un retroceso en el desarrollo de las familias interioranas.

G. Refugiados
La situación de las personas en situación de refugio que residen en el área de fronteras se ha vuelto crítica por las siguientes razones:

1. Disminución de la ayuda humanitaria
Desde mediados del 2005, la ayuda humanitaria brindada por el gobierno nacional, más específicamente por la Oficina Nacional Para la Atención de Refugiados (ONPAR), la cual a su vez es financiada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR), ha disminuido por falta de presupuesto debido a situaciones de orden mundial tales como la ayuda humanitaria para los afectados por la Guerra de Irak, así como también por la ayuda que se le brindó a los países víctimas del tsunami. Debido a que el ACNUR funciona por donaciones internacionales, los fondos se volcaron para financiar estas actividades y por lo tanto disminuyeron las donaciones para Panamá en el tema del refugio.

Por las razones anteriores, además de que pensamos que es parte de la política internacional la disminución del financiamiento para la población bajo protección temporal, rubros como la alimentación, la vivienda y la salud han sido disminuidos para casos de emergencia hasta el punto de que ya se ha dejado de proveer comida a esta población. También se ha otorgado un recurso insuficiente para la construcción de viviendas a 40 familias de Jaqué (quedando alrededor de 5 familias fuera de este beneficio por motivos presupuestarios) y el alquiler de viviendas en Jaqué terminará de sufragarse durante el presente mes de diciembre. En cuanto al rubro de la salud, la ONPAR otorga permiso para salir de las comunidades, pero los protegidos humanitarios tienen que sufragar sus gastos de alimentación, pasaje y hospedaje.

Se pensaba que durante el 2005 se iba a impulsar el proceso de regularización de los protegidos humanitarios dado que ese era el interés del ACNUR y la ONPAR. Sin embargo, la realidad es que este proceso se ha suspendido debido a que existen sectores del gobierno nacional, que a su vez forman parte de la Comisión Nacional de Elegibilidad tales como Cancillería y el Ministerio de Trabajo, que supeditan este proceso de regularización migratoria a la aprobación de una ley especial sobre la materia. Esta posibilidad es contradictoria con procesos de regularización migratoria a diversos grupos de nacionalidades como la china, hindú, chilena, salvadoreña y cubana, que por razones económicas y humanitarias, fueron regularizados a través de un decreto. Así también con la misma población colombiana que fue regularizada en 1994 a través de un convenio binacional.

A principios de este año ya se habían iniciado los procesos para regularizar a más de 30 familias de las comunidades de Jaqué, el Tuira (Boca de Cupe, Yape y Yaviza), La Palma y Puerto Obaldía, con la celebración de matrimonios religiosos y con esto iniciar los trámites para la obtención de una visa de casado con panameño. Sin embargo, no se tuvo éxito debido a los altos costos de los trámites, así como también a la falta de voluntad de parte de algunas instancias gubernamentales por las razones anteriormente indicadas.

3. Deportación de personas que entran por área de fronteras
Durante el 2005, las deportaciones en área de fronteras han continuado. Migrantes colombianos, peruanos y ecuatorianos han sido deportados a Colombia sin que sean notificados de una resolución de deportación, por lo que se está violando el debido proceso que se debe continuar en caso de las deportaciones. Según el Departamento de Investigaciones de Migración, existe un Convenio de Deportación con el gobierno de Colombia para el caso de los colombianos. Se sigue presumiendo que existen puestos en las áreas fronterizas en los cuales los policías devuelven e incluso no dejan ingresar ciudadanos colombianos que huyen de su país producto de la violencia generalizada.

También recibimos información de que un solicitante de refugio que se encontraba detenido en la Cárcel de La Palma fue deportado sin que se le diera trámite a la respectiva solicitud y se procedió a condenar este acto. El caso no fue puesto en conocimiento de la ONPAR en tiempo oportuno por la autoridad receptora.

4.   Comisión de Elegibilidad de Refugiados
Durante el 2005, la Comisión de Elegibilidad se ha reunido periódicamente. Sin embargo, sus decisiones son basadas conforme a los elementos probatorios que se aporten en cada caso como por ejemplo, denuncias de persecución o amenazas de muerte ante la fiscalía, pruebas fotográficas o certificaciones de autoridades penales. Es por esta razón que solo una pequeña cantidad de solicitudes de refugio finalmente obtienen el status de refugio, puesto que carecen de las pruebas para sustentar sus solicitudes escritas. En una actividad binacional en la cual participaron entidades gubernamentales de Panamá y Colombia, la delegada de la Defensoría de Oficio de Colombia explicó que la presunción del status de desplazado desde que presenta la solicitud a la Red de Solidaridad Social es un principio básico para el otorgamiento de dicho status, por lo cual, la carga de la prueba de que no es desplazado interno le corresponde al Estado. Sin embargo, el criterio que mantuvieron los delegados de la Chancillería, como del Ministerio de Gobierno y Justicia, era que la carga de la prueba le corresponde al solicitante de refugio y no es reconocido como refugiado hasta tanto la Comisión le conceda este status.


5.   Mesa Nacional de Migrantes y Refugiados

      Durante el año 2005, la Mesa Nacional de Migrantes y Refugiados, (iniciativa de las
      organizaciones no gubernamentales y eclesiales que trabajan el tema del refugio), de la
cual forma parte la Comisión de Justicia y Paz, ha estado atendiendo a eventos nacionales e internacionales formando parte de redes regionales como la RROCM y la Red Jurídica Social de Refugiados. Además, ha realizado reuniones con el Ministerio de Gobierno y Justicia, el ACNUR y sectores de la iglesia para darse a conocer y encontrar soluciones sobre el tema del refugio y migración.

Para el 2006 existen planes como presentar una iniciativa legal para la reforma de la ley de migración y la aprobación de una ley especial de refugio. También se está considerando realizar un diagnóstico de la población de migrantes que residen en la Ciudad de Panamá y San Miguelito para poder comprender de mejor manera la composición de dicha población y si es posible establecer cuántas personas aproximadamente se encuentran en situación de refugio en dichos lugares.

La democracia, para que sea considerada como tal, deberá tomar en cuenta la integridad y obligatoriedad de todos los derechos humanos. No es suficiente tener acceso a mecanismos para ejercer los derechos civiles y políticos si las personas se encuentran en condiciones precarias de vida, cada vez más excluida de servicios esenciales como son la salud, la vivienda, la educación, el empleo decente, la seguridad social y otros.
Panamá, como el resto de los países de la región, se encuentra en la encrucijada de crecimiento económico versus un alto nivel de pobreza, situación inexplicable debido a los recursos con que cuenta el país.

Toda persona debe tener condiciones apropiadas que le garanticen cubrir las necesidades básicas para la existencia en condiciones dignas para sí y su familia.

La Última Encuesta de Nivel de Vida realizada en el año 2003 por el Ministerio de Economía y Finanzas y publicada en el 2005, señaló que existe una mala distribución de ingreso y un alto nivel de pobreza.

Al comparar los resultados de las dos ultimas encuestas realizadas al respecto, se reveló que la incidencia de la pobreza total y la pobreza extrema disminuyeron. Esto indica que una proporción de pobres extremos pasaron hacer pobres no extremos. En las áreas urbanas la pobreza subió 4.7 puntos y la extrema 1.3 puntos. las áreas rurales la pobreza total y extrema disminuyó mientras que en las áreas indígenas aumentó.

Las personas de más alto ingresos reciben 40 veces más que las personas más pobres. En otros países esta relación es de una diferencia menor de 10 veces.
40 de cada 100 panameños, en el ámbito nacional, son pobres; 59 de cada 100 en las áreas rurales no indígenas y de 95 de cada 100 en las áreas indígenas.
4 provincias muestran tasas de pobreza total mayores al 50% de sus habitantes: Darién, Bocas del Toro, Coclé y Veraguas. Es la provincia de Darién la que presenta un mayor porcentaje de pobreza.

ERRADICAR LA POBREZA:

En estudio del Banco Mundial, presentado en el año 2000, sobre la pobreza en Panamá se señaló: "que los costos de reducir la pobreza en Panamá no son altos y dado los niveles promedio de consumo de los pobres, se estima que el costo mínimo anual para elevar las condiciones de vida de todos los panameños pobres hasta la línea de pobreza, representaría más o menos un cinco por ciento del Producto Interno Bruto, y un diez por ciento del gasto fiscal".
Tres años más tarde, el informe de la ENV del año 2003 expresa que erradicar la pobreza total en Panamá significaría transferir directamente a los pobres el 3.6% del PIB, o sea, 445 millones anuales para que esta población consuma el valor de la línea de pobreza general.
De igual manera, para que las personas en condición de pobreza extrema pasen a la condición de pobres no extremos, el esfuerzo mínimo sería del orden de 104 millones de dólares anuales con lo cual este grupo de personas tendrían un nivel de consumo anual igual al valor de la canasta mínima de alimentos.

Toda persona tiene derecho a contar con una protección contra las consecuencias de la desocupación involuntaria, la vejez y la discapacidad, proveniente de cualquier causa ajena a su voluntad que la imposibilite física o mentalmente para obtener sus medios de subsistencia.

El año 2005 se caracterizó por fuertes movilizaciones sociales en contra de la Ley 17 que reformó la Ley Orgánica de la Caja de seguro Social. Los principales cuestionamientos al Ejecutivo sobre el tema fueron el aumento de la edad de jubilación, el aumento del número de cuotas y la falta de mecanismos de participación ciudadana para la discusión de dicha Ley.

En la actualidad, el peso relativo sobre las finanzas de la Caja del Seguro Social es muy grande ya que el sistema cubre aproximadamente 2 millones de personas de las cuales cotizan cerca de 700,000 trabajadores con bajos salarios. Estudios revelan que seis de cada diez de los atendidos en las instalaciones de la CSS son pobres y casi el 70% de los pensionados reciben muy bajas cantidades de dinero porque sus salarios fueron bajos cuando cotizaban.
Después de más de cuatro años de debates por diferentes gobiernos y sectores sociales lograron, en el mes de agosto del presente año, llegar a un consenso sobre las reformas que garantizarían la solvencia y sostenibilidad financiera de la Caja de Seguro Social.
El 22 de junio de 2005, acompañado de representantes de la Conferencia Episcopal y del Comité Ecuménico, el Presidente de la República anunció la suspensión de la reglamentación de la Ley 17.
El 23 de junio de 2005 se instaló la Mesa del Diálogo Nacional, convocado por el Gobierno Nacional, que funcionó en la sede del Consejo de Rectores de Panamá con diez de las trece organizaciones invitadas al diálogo. El acto de instalación fue presidido por el facilitador, Salvador Rodríguez.
El 20 de noviembre finalizó la Mesa del Diálogo, se propusieron importantes modificaciones a la Ley 17 en todos los programas y acuerdos importantes, sobre todo los relativos al Programa de Invalidez, Vejez y Muerte, particularmente lo relativo al número de años para jubilarse y el número de cuotas:

A partir de enero de 2010, y cada cinco años, las pensiones serán aumentadas automáticamente en diez dólares. También se acordó incrementar a 50 dólares el bono de Navidad a partir del 1 de enero de 2006 y a 60 dólares a partir de enero de 2008.

La cuota obrero-patronal se incrementa de manera escalonada: el trabajador aportará una cuota de 6.75% hasta el 31 de diciembre de 2007; 7.5% a partir del año 2008; 8.5% a partir del 2011 y de 9.25% a partir del año 2013. Para los empleadores la cuota será de 2.75% hasta el 31 de diciembre de 2007; 3.5% a partir del 2008; 4% a partir del 2011 y 4.25% a partir del año 2013.
Igualmente, se acordó que los gastos de representación del sector público se gravarán a partir del 2006. Para el sector privado el aporte será gradual: a partir del 1 de julio de 2006, sobre el 35%; a partir 1 de julio de 2009, 65% y del 1 de julio de 2011 y en adelante, el 100%.
El aporte del Estado será progresivo: del 2007 al 2009, el aporte será de 75 millones de dólares por año; del 2010 al 2012, el aporte será de cien millones de dólares por año y del 2013 al año 2060, el aporte será de 140 millones de dólares por año. En total, el aporte del Estado será de siete mil 245 millones de dólares.
Además, el aporte estatal se canalizará a través de un fideicomiso que dará garantías de que esos fondos queden al abrigo de cualquier interferencia de los gobiernos.
El nuevo modelo compuesto mantiene en 180 el número de cuotas mínimas para jubilarse. Establece que las edades mínimas para la pensión por vejez empiezan en 55 años para las mujeres y 60 para los hombres, lo que será aplicable a partir del año 2008. También facilita que los trabajadores estacionales (cañeros, recolectores de café, etc.) puedan llegar al mínimo de cuotas para jubilarse mediante un novedoso cómputo que permitirá, aún con menos de 12 cuotas en el año, llegar a completar el período de cotización anual.

2. Esperanza de Vida al nacer
La Dirección de Planificación Regional del Ministerio de Economía Finanzas ha señalado que la esperanza de vida al nacer es de 74.7 años. Sin embargo, esta cifra no es similar en el resto de las provincias; por ejemplo, los niños que nacen en la Comarca Emberá tienen una esperanza de vida de 13 años menos que los que nacen en la provincia de Panamá.

La Dirección de Planificación Regional del MEF señaló que la tasa de mortalidad en menores de un año fue de 15.2, cifra inferior al año 2000, en que se reportó una tasa de 16.7 a nivel nacional. Las cifras observadas en años anteriores registran diferencias significativas en las tasas de mortalidad infantil entre las áreas urbanas, rurales y las comarcas indígenas.

Los nacimientos vivos, con atención profesional durante el parto, en provincias como Coclé
Alcanzaron el 77%; en la Comarca Emberá un 30% y en la provincia de Panamá un 98.7%.

La desnutrición infantil afecta al 6% de los menores de cinco años en el área urbana. Sin embargo, esta proporción se eleva a 15% en las áreas rurales no indígenas y a 49% entre la población indígena. En Panamá, 3 de cada 10 niños se encuentran en situación de pobreza y más de la mitad en pobreza extrema.

De acuerdo con información del Censo 2000, el 90.8% de las viviendas tenían acceso al servicio de agua potable, aunque no siempre llega el vital líquido a las comunidades periféricas. Existen, en este caso, diferencias sumamente significativas entre las provincias y comarcas. El promedio nacional de viviendas que carecen de este servicio es de 9.2%. En la Provincia de Panamá se ubica el más bajo porcentaje de carencia con un 2.5% de las viviendas sin acceso a este servicio; en contraste, en la Comarca Ngöbe-Buglé se carece del servicio en un 70% de las viviendas; la Comarca Emberá presenta el más alto porcentaje de carencias, reportándose un 89% de viviendas sin acceso al agua potable.

C. DERECHO AL TRABAJO

El derecho que tiene toda persona a un trabajo que le asegure una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada.

En agosto del año 2003, luego de discusiones entre el gobierno, la empresa privada y los trabajadores, se acordó un aumento del salarial de 253.76 dólares a 266.24 dólares mensuales.

En el mes de mayo se instaló la Comisión que discutiría el nuevo ajuste salarial, que por Ley debe realizarse cada dos años, pero a la fecha no se han logrado un acuerdo entre los representantes de los trabajadores y de la empresa privada. En el mes de enero los equipos técnicos de ambos sectores entregarán sus respectivas propuestas.

En cuanto a la situación de los empleados públicos sobre el particular, la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, en noticia aparecida en el Diario La Prensa 22 de sep/ 2005, se da cuenta de que por lo menos 17 mil 414 de los 155 mil 198 empleados públicos, es decir, 11.22% de la planilla estatal, ganan menos de los 264 dólares del salario mínimo que paga la empresa privada.

Al comparar el salario mínimo de una familia conformada por cuatro miembros, por un monto de 266.24 y el costo de la canasta básica de alimentos familiar durante el mes de noviembre 2005 por un valor de 206.18 dólares mensuales, podemos observar la difícil situación que atraviesan una gran cantidad de familias panameñas.

2. Desempleo

De acuerdo con cifras de la Comisión Económica para América Latina- CEPAL, Panamá es el tercer país con el índice más alto de desempleo en la región. El desempleo es creciente en nuestro país alcanzando cifras dramáticas: En el 2001 era de 14%, en el 2002 alcanzó 13.8%, en el 2003 disminuyó levemente en un 13.5% y para el año 2004 se mantiene en 13.5%, según estimaciones de la Contraloría General de la República. La OIT, en su informe anual Panorama Laboral 2005, registra el desempleo abierto en 14% en nuestro país.

La Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), ha denunciado la falta de respeto a los Convenidos firmados por el Estado Panameño respecto a la implementación de la Ley de Carrera Administrativa. Durante el periodo de Guillermo Endara fueron despedidos veinte mil funcionarios, mientras en la gestión del ex presidente Ernesto Pérez Balladares alrededor de 5 mil despidos. En el periodo de Mireya Moscoso fueron despedidos 25 mil servidores públicos y en la actualidad hasta diciembre del 2005, según datos ofrecidos por Horacio Rodríguez Secretario de Defensa y de Carrera Administrativa de la FENASEP a la Comisión de Justicia y Paz, se han recibido el número de 20 mil denuncias de funcionarios públicos.

Sin embargo, en nota del Ministro de la Presidencia en respuesta a una solicitud de información sobre la carrera administrativa por la Comisión de Justicia y Paz, el Ministerio de la Presidencia señaló lo siguiente: a partir de la presente administración, se ha implementado el régimen de carrera administrativa en aproximadamente 20 dependencias estatales, comenzando por el ingreso a la carrera administrativa a servidores públicos con más de 10 años de servicio.

Durante el periodo de Endara existían 145 mil empleados, la Planilla de Ernesto Pérez Balladares ascendió a la suma de 146 mil en 1998 y Mireya Moscoso, al finalizar su mandato a septiembre de 2004, aumentó la planilla de su gestión a 170 mil empleados.

La cifra ideal de servidores públicos con los que puede operar el estado es de 140 mil funcionarios. De acuerdo a datos proporcionados por un periódico de la localidad, de los actuales funcionarios, 80 mil debían entrar a la carrera administrativa; 8 mil 5000 actualmente están acreditados; 2 mil empleados han sido destituidos con carrera administrativa.
Hoy, a diez años de sancionada dicha ley, de los 57,455 puestos de carrera administrativa sólo 7,324 han sido acreditados, reflejándose la lentitud con que se ha trabajado y la vulnerabilidad en que se encuentran estos trabajadores, principalmente durante los periodos electorales y de cambio de gobierno.

Hace once años, 33 de cada 100 personas ocupadas estaban en sectores no formales. En el año 2003 este indicador sube a hasta 38 de cada 100 ocupados. Si agregamos los servicios domésticos, el índice de informalidad sube a 43.8% en el 2003. Cerca de 44 de cada cien panameños ocupados lo están en sectores que no les ofrecieron ni protección social ni la formalidad requerida para ser sujeto de créditos y acceder al sistema financiero.
Según la ENV 2003, 3 de cada 10 personas ocupadas se encuentran en situación de pobreza total y una de cada 10 en extrema pobreza. La mayor incidencia de la pobreza total es observada en los trabajadores informales como familiares, jornaleros y trabajadores independientes.

Todas las personas tienen derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda e higiénica, con servicios básicos que incluya un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias.

El déficit habitacional en Panamá en el año 2005 alcanza 192 mil 840 unidades, según declaraciones que la Ministra de este ramo Balbina Herrera hiciera al diario la Prensa en la fecha de 7 de julio de 2005. Cabe recalcar que la demanda de una vivienda adecuada va en aumento, sobre todo en el área metropolitana que alcanza las ciudades de Panamá y Colón. Sólo en Panamá, (San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana y Calidonia), hay 200 casas condenadas. Además, existen 94 casas abandonadas por sus propietarios donde habitan una mil 84 familias.

La Ministra detalló que la demanda de vivienda en el país está más centrada en la Ciudad de Panamá, con un estimado de 85 mil 36 unidades, seguida por el área indígena con 21 mil 36; Chiriquí con 20 mil 928; Colón con 19 mil 100; Veraguas con 16 mil 555; Coclé con 12 mil 312; Bocas del Toro con 6 mil 378; Darién con 5 mil 719; Herrera con 3 mil 114 y los Santos con mil 550.

El 65 % de las 144 mil personas no cuentan con una vivienda actual y pertenecen al sector informal, situación que indica que este grupo requiere de un impulso real y efectivo. Así lo plantea una ponencia presentada por CONVIVIENDA, gremio que reúne a los principales promotores de vivienda del país.

En Panamá, el 98% de las viviendas del área urbana disponen de agua potable, en tanto que la cobertura baja a 80% en el área rural no indígena y a 42% en las áreas indígenas.

E. DERECHO A LA EDUCACIÓN

La educación es un derecho fundamental y deberá estar orientada hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de dignidad y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales

Actualmente los bajos niveles de educación se reflejan mayormente en los sectores pobres y vulnerables que han quedado excluidos debido al pobre sistema educativo actual, lo que trae como consecuencia el empobrecimiento cada vez mayor de la población.

Los más bajos niveles educativos de la población ocupada se encuentran en las provincias de Darién, Bocas del Toro, Veraguas y en las comarcas indígenas; en Darién el 73.5% de la población esta sin grado alguno de educación, cifra que es altamente preocupante.

En tanto, la situación educativa en las comunidades indígenas es la más desfavorable de todo el país. En comunidades que no tienen escuelas los niños quedan excluidos del sistema escolar y la insuficiente educación ocasionada por las condiciones de pobreza son causal de exclusión y de una débil capacidad laboral.

La pobreza influye negativamente en la permanencia escolar exitosa y en el aprendizaje de calidad. El 12% de la niñez en pobreza extrema y el 9% de la niñez en pobreza han repetido una o varias veces el mismo grado de educación primaria, mientras que en el estudiantado indígena se dieron altas tasas de deserción que doblan las cifras de las áreas urbanas y rurales.

El fenómeno de la repetición se asocia a problemas del contexto socio –económico. De igual forma, guarda una amplia relación con la oferta educativa y con las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Según los últimos datos suministrados por el Ministerio de Educación al periódico La Prensa el 20/ 2/ 2005, el número de estudiantes que tendrán que repetir el año 2004 alcanzó la cifra de 11,192 estudiantes, sólo de la pre-media. El costo de estudiantes al Estado es de: en la primaria, de 393.98 dólares y en la pre-media y media de 724.67 dólares al año.

El Rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes, señaló que a inicios del año 2005 unos 17 mil jóvenes aplicaron la prueba para ingresar a la Universidad, sólo 11 mil jóvenes lograron pasarla. Esto nos indica que hay que hacer una revisión sobre la calidad de la enseñanza en nuestro país.

Por otro lado, se estima que cerca del 90% del presupuesto educativo se destina a pago personal, provocando escasez de materiales y equipamiento de inversiones educativas, todos estos, elementos básicos para mantener la calidad de aprendizaje.

Analfabetismo

El índice de analfabetismo en el ámbito nacional es de un 7.6% y en las comarcas indígenas la situación es aún más alarmante: Según el censo de 2000, en la Comarca Emberá-Wounaan oscila entre el 34.5% ; el 46% en la Comarca Ngobé-Bugleé; en la Comarca Kuna Yala es de 38.5%.

En Panamá, según informaciones ofrecidas por la Ministra de Desarrollo Social, María Roqueber, anualmente se reciben un promedio de 3 mil denuncias de violencia contra la mujer. En cinco años han sido asesinadas por sus parejas sentimentales un total de 171 mujeres. Los celos han motivado un 50 % de los casos de homicidios, la presunción de infidelidad ha motivado un 23 % de estos casos; en tanto, un 13.3% el adulterio comprobado.

El Informe Nacional de Desarrollo Humano – Panamá 2004, realizado por el PNUD, dejó en evidencia muchos de los avances y retrocesos que Panamá ha tenido en el ámbito de los derechos de la juventud.

Más de la mitad de la población panameña es menor de 25 años.
El 57% de los pobres tienen menos de 20 años.
En materia de educación, existe una baja cobertura secundaria y superior. El porcentaje de jóvenes que asisten a clases por grupo de edad es el siguiente: de 10 a 14 años un 92.6%; 15 a 19 años 59.3%; de 20 a 24 años un 26.5%; 25 a 29 años un 14.4%. Como se observa, existe un desfase entre la educación y el mercado de trabajo y por tanto se requiere un mayor nivel educativo en la juventud para hacerle frente a las nuevas demandas laborales del presente.

Señala el documento que es importante conocerles mejor y darles oportunidad como jóvenes. Además confirma el estudio que la juventud panameña puede y quiere aportar a su desarrollo personal y al desarrollo de su país.

A pesar de ser considerada Panamá una de las naciones con menos índice de trabajo infantil y adolescente de la región, las cifras en el 2004 se dispararon a más 47 mil niños económicamente activos, de los cuales al menos 2 mil se dedican al trabajo doméstico de tiempo completo.

Un estudio realizado por el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) en el 2005 evidencia que la inasistencia escolar se presenta en todas las regiones del país, con una tasa de inasistencia nacional de 15.1%. Sin embargo, esta situación se da principalmente en las áreas rurales y entre adolescentes con tasas de inasistencia de 23.2% y 29.5% respectivamente.
La encuesta identifica a 47,976 personas entre 5 y 17 años trabajando en Panamá, lo que equivale al 6.4% de la población en este grupo de edad. La incidencia del trabajo infantil y adolescente afecta más a los hombres (9.5%) que a las mujeres (3.0%); a los residentes rurales (10.1%) que los urbanos (3.5%); y aumenta con la edad, de 14,266 niños y niñas, 29.7% del total, no tienen la edad legal para trabajar (14 años).
La agricultura, selvicultura, caza y pesca son las principales ramas de actividad para personas menores de edad trabajadoras (53.9% del total). Sin embargo, servicios es la principal rama para mujeres (34.2% de ellas) y para residentes urbanos (38.1% de ellos).

El mayor problema del trabajo infantil es que los niños dejan de ir a la escuela para dedicarse a llevar el sustento a sus hogares. Esta situación viola gravemente sus derechos al no permitirles acceder a una educación digna ni un nivel de vida decoroso.

III. Derecho a un Medio Ambiente Sano

El Derecho a un medio ambiente sano es patrimonio común de toda la humanidad en la misma medida, pues le corresponde a toda persona poder disfrutar de los recursos naturales existentes.

Según establece el Protocolo Facultativo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, son deberes del Estado la “protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente”, de manera que se garantice el pleno acceso a los servicios públicos a la vez se proteja los recursos naturales para las actuales y futuras generaciones.

La deforestación sigue siendo uno de los mayores problemas que confronta nuestro país. Muchos terrenos boscosos han sido vendidos para crear infraestructuras urbanas que si no son planificadas adecuadamente terminan por destruir de estos hermosos bosques.

Estos bosques también son sitios claves e importantes de convergencia de aves rapaces migratorias en los meses de septiembre y octubre. Igualmente, estos bosques son hábitat de mamíferos grandes y pequeños, incluyendo especies amenazadas.

Pocas ciudades tienen el privilegio, de la Ciudad de Panamá o la de Colón, de contar con hermosos y ricos bosques naturales en su periferia que le dan gran atractivo, belleza incalculable y valor agregado para todas las actividades que se desarrollan dentro de éstas, especialmente el turismo, la recreación, la contemplación y los beneficios propios de los bosques como es la riqueza biológica, el clima local, la belleza escénica, la regulación de las aguas de los ríos que drenan al Canal de Panamá y áreas cercanas, entre otras cosas.

Diversos sectores de la Capital como del interior del país se han visto afectados por que los vertederos están contaminando los ríos. La contaminación y los malos olores que emanan de estos vertederos son una amenaza para la salud pública. Al permitir la acumulación de basura se da inicio al desarrollo de epidemias dermatológicas, respiratorias y la aparición del dengue clásico y hemorrágico.

La falta de control y limpieza del vertedero, aunado con la ausencia de un buen servicio de recolección, provocan muchas veces que los camiones recolectores depositen la basura en la carretera y no dentro del basurero. Igualmente ocurre con los vehículos de empresas avícolas, de carnes, de limpieza de tanques sépticos y otros desechos orgánicos que también vierten sus desperdicios irresponsablemente, a falta de controles sanitarios.

El Ministerio de Salud suscribió la Resolución 281 del año 2005 en la que, entre otros aspectos, se recuerda que el Código Sanitario faculta a su despacho para tomar las medidas necesarias a fin de “hacer desaparecer toda causa de enfermedad comunicable o mortalidad especial, así como el factor insalubre de importancia local”.

3. Contaminación del agua

Durante los años anteriores se han venido estudiando diversas posibilidades a fin de darle solución al problema de la contaminación de la Bahía de Panamá. El actual Gobierno dio a conocer que para el año 2006 se cuenta con un plan maestro y un estudio de factibilidad, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ejecutados por el Consorcio CESOC, que incluyen no sólo el saneamiento de la bahía, sino también el de la Ciudad de Panamá, el principal foco de contaminación.
El objetivo es implementar para la Bahía de Panamá y los ríos que en ella desembocan mecanismos que permitan recolectar, tratar y disponer de las aguas residuales que a su vez sean aptos para los usos deseados.
Ello, según informes del Ministerio de Salud, abarca unos 350 kilómetros cuadrados, lo que incluye 18 corregimientos del distrito de Panamá (excepto Pacora, San Martín y Chilibre), nueve corregimientos de San Miguelito y Veracruz, en el distrito de Arraiján.
El objetivo final es recuperar las condiciones higiénicas y ecológicas de los ríos y quebradas tributarias, lo cual contribuirá a sanear la bahía.

Lo referente a la ubicación de la planta de tratamiento de las aguas residuales no ha variado. Una estará en Juan Díaz y su capacidad para procesar lodos activados (excretas sólidas) será de 4.5 metros cúbicos por segundo, equivalente a 102 millones de galones diarios (MGD); mientras que otra planta futura será ubicada en Veracruz con una capacidad de 1.9 MGD.

La dinámica del proceso consiste en que las aguas residuales que van por los colectores serán interceptadas y conducidas por toda la costa mediante estaciones de bombeo y líneas impulsoras hasta la planta de tratamiento. Allí se eliminarán las descargas de aguas residuales crudas a la Bahía de Panamá. Según el plan maestro, se instalarán cinco estaciones de bombeo y 20 kilómetros de colectoras y líneas de impulsión mayores.

A su vez, este plan maestro incluye la rehabilitación y extensiones de la red de alcantarillado sanitario en todo el perímetro del proyecto. También se construirán nuevos colectores para abarcar zonas donde no los hay. Lo que se quiere, según el plan, es que toda vivienda, industria, comercio, finca e institución del área se conecte a los 150 kilómetros de redes sanitarias.

El Ministerio de Salud, mediante el Decreto Ejecutivo N°.17, ordena a los locales cerrados adecuar sus instalaciones con equipos de extracción de humo y oxigenación autorizados por Salud, de lo contrario, serán multados.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, se ha demostrado científicamente que el tabaco y la exposición al humo causan morbilidad, discapacidad y mortalidad. Por ello, los propietarios de los diversos locales cerrados están obligados a establecer áreas para fumadores y no fumadores, ambas separadas a una distancia de 20 pies y debidamente señalizadas con letreros legibles.
Incluso, deben garantizar que en ningún momento el aire del área de los consumidores de tabaco fluya hacia donde estén los no fumadores.

El decreto ordena, además, a las empresas tabacaleras imprimir en sus cajetillas de cigarros la advertencia, “Fumar es nocivo para la salud” o “Todo cigarrillo es nocivo para la salud”, en letra de 12 puntos, con un color que contraste con el fondo del paquete, fácil de leer. Este mensaje ocupará el 40% de la parte inferior del empaque.

También se establece que en los puntos interiores de venta de tabaco queda prohibido que la publicidad de estos productos utilice a menores de 25 años y que sea atractiva a los menores de edad.

La medida destaca que los comerciales en medios de comunicación masiva no se podrán relacionar con actividades deportivas, sociales, profesionales o de atracción sexual.
Queda prohibida la instalación de máquinas expendedoras de productos del tabaco en el país, al igual que la venta de cigarrillos sueltos y en cajetillas de menos de 20 unidades, al cabo de seis meses.

Estudios realizados en Panamá demuestran que de cada seis panameños que mueren de cáncer, cinco son por cáncer de pulmón y bronquios. La causa principal, el consumo del tabaco. La mejor manera de reducir las muertes por fumar es la prevención.

5. Ley 5 del 28 de enero de 2005 sobre delitos contra el Ambiente

La Ley 5 del 28 de enero de 2005 sobre delitos contra el ambiente señala que las penas aumentarán “de una tercera parte en caso que la acción recaiga en áreas protegidas o se destruyan total o parcialmente ecosistemas costeros marinos o humedales”.
También se sancionará la contaminación de recursos hídricos que no solo afecten el ecosistema, sino que pongan en peligro la salud y la vida de las personas.

El nuevo instrumento contiene capítulos sobre la tramitación, aprobación y cumplimiento ambiental, así como también normativa urbanística.

Las implicaciones para los urbanistas que incumplan con los compromisos adquiridos con los Estudios de Impacto Ambiental y que dañen irreversiblemente el ambiente son serias. La pena es de dos a cuatro años de prisión.

El Gobierno de Panamá se opone a la caza de ballenas pese a que diputados japoneses que visitaron nuestro país manifestaran que la caza de las ballenas no pone en peligro la existencia de estos cetáceos porque es una actividad basada en investigaciones científicas y respeto a la sostenibilidad de los recursos marinos.

Según éstos diputados japoneses, hay muchas personas que se oponen a la caza de la ballena sin tener información y conocimiento de la información científica que Japón ha recabado en 20 años.

En el periódico la Prensa de Panamá de día 27 de febrero de 2005, el Ministro de Relaciones Exteriores, Samuel Lewis Navarro, manifestó que:
“Para nosotros el compromiso de preservar las ballenas es importante y eso le ha dejado muy claro y que Panamá se ha constituido en un sitio donde las ballenas vienen a aparearse y a reproducirse.
Somos muy respetuosos de las aspiraciones de los japoneses, para quienes la ballena es parte de su dieta, sin embargo, nosotros tenemos una responsabilidad y estamos comprometidos con ella”.

INTRODUCCIÓN